CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.
V I S T O S  para resolver los autos del Toca Número 322/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a través del [LIC. LUIS HUMBERTO CORTÉS CARRILLO] en contra de la sentencia de fecha [seis de julio del año dos mil diecisiete (fojas 100 Tomo III)] dictada por la Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, dentro del Juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por [MIGUEL ENRIQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA] en contra de [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO, JESÚS MADRID CEPEDA y MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ] (Expediente número [139/2016]), y: 
R E S U L T A N D O:
1.- En el Juicio Ordinario Mercantil de antecedentes, el día [seis de julio del año dos mil diecisiete], la Juez [Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos], dictó sentencia al tenor de los siguientes puntos resolutivos: “PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria Mercantil, por lo que hizo a las prestaciones reclamadas en los numerales 1 y 3 del capítulo respectivo del escrito inicial de demanda.- SEGUNDO.- Los actores [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN] y [CARLOS DELGADO RIVERA] probaron la procedencia de las prestaciones exigidas; no así los demandados [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE] por conducto de su Apoderado Legal, así como [MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ, JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO y JESÚS MADRID CEPEDA], respecto de sus excepciones y defensas en consecuencia: ----------------- TERCERO.- Se decreta la nulidad de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la moral [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE], celebrada a las dieciocho horas del día veintisiete de Abril de dos mil quince; en consecuencia: a)Se declara la nulidad respecto de la aprobación del informe del estado de actividades del Consejo de Administración de la moral [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE] respecto del año dos mil catorce.- b) Se declara la nulidad respecto de la aprobación del estado financiero de la sociedad [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE] respecto del año dos mil catorce. c) Se declara la nulidad respecto de la aprobación del informe del comisario de la moral CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- d) Se declara la nulidad de la elección de los Señores [JESÚS MADRID CEPEDA, MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ y JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO] como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Consejo de Administración para el periodo 2015-2018, del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. y de los restantes miembros de la planilla “Familia Britania” que quedaron como consejeros de ese Consejo de administración.- e) Se declara la nulidad de todos los actos y asambleas que celebre el actual Consejo de Administración de la moral demandada y las ordinarias y extraordinarias de accionistas a las que convoque, desde la fecha que se dé cumplimiento a la presente sentencia y con efectos retroactivos hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día veintisiete de Abril de dos mil quince. - En virtud de haber quedado sin efectos la designación de los miembros del Consejo de Administración para el periodo 2015-2018, del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, continuarán en su encargo los nombrados para el periodo inmediato anterior, quienes deberán en un plazo de treinta días contados a partir de que quede firme la presente resolución, convocar a los accionistas para la celebración de una asamblea general ordinaria de accionistas, para el efecto de recibir y aprobar en su caso, los informes del estado financiero de la sociedad CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. para el año dos mil catorce y posteriores emitidos por el Consejo de Administración, así como los informes de los comisarios respecto a sus funciones en el año dos mil catorce y posteriores, así como para la celebración de un proceso para elegir al nuevo Consejo de administración de la moral CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. para el periodo de tres años que marcan los estatutos de la sociedad.- Previniéndose a los actores para el efecto de que manifiesten ante este Tribunal, dentro del improrrogable plazo de tres días, los nombres y domicilios de las personas que integraban el Consejo de Administración de la moral CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. antes de los electos para el periodo 2015- 2018, a efecto de notificarles lo anterior en su momento procesal oportuno.- f) Se condena a los demandados a restituir en el goce de los derechos que les correspondan como miembros de la moral condenada a [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN] y [CARLOS DELGADO RIVERA].- CUARTO.- Ha procedido la vía ordinaria mercantil promovida por la moral CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. por conducto de su Apoderado Legal, LICENCIADO [LUIS HUMBERTO CORTÉS CARRILLO], en contra de [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN] y [CARLOS DELGADO RIVERA] y del [NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTICUATRO PARA ESTE DISTRITO MORELOS, LICENCIADO EUGENIO GARCÍA RUSSEK].- QUINTO.- La moral CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. no probó la acción reconvencional intentada, el NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTICUATRO PARA ESTE DISTRITO MORELOS, LICENCIADO EUGENIO GARCÍA RUSSEK, fue declarado en rebeldía, los demandados MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA dieron contestación a la demanda; en consecuencia: -SEXTO.- Se absuelve al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTICUATRO PARA ESTE DISTRITO MORELOS, LICENCIADO EUGENIO GARCÍA RUSSEK,  MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN  y  CARLOS DELGADO RIVERA de las prestaciones reclamadas por la actora.-  SÉPTIMO.- NOTIFÍQUENSE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA PRESENTE SENTENCIA AL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTICUATRO DE ESTE DISTRITO MORELOS, LICENCIADO EUGENIO FERNANDO GARCÍA RUSSEK, POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN EL TABLERO DE AVISOS DE ESTE TRIBUNAL. Con fundamento en el artículo 1068 del Código de Comercio.- NOTIFÍQUESE”.
2.- Inconforme con esa resolución, la parte demandada a través del [LIC. LUIS HUMBERTO CORTÉS CARRILLO] la impugnó mediante apelación, recurso que se admitió en efecto suspensivo.
3.- Remitidos que fueron a esta Sala los autos del expediente principal, se mandó formar el Toca, confirmándose la admisión del recurso y su calificación de grado.
Expresados agravios por la apelante, mismos que fueron respondidos por su contraria, se ordenó dictar sentencia, la que hoy se pronuncia bajo los siguientes: 
C O N S I D E R A N D O S: 
I.- Expresa la apelante como agravios lo siguiente: “I. La resolución recurrida me genera el agravio consistente en lo señalado por la A quo en los puntos resolutivos tercero inciso f, en relación al considerando segundo en su tercer párrafo. Lo anterior es así pues en el inciso f referido la A quo condena a mi representada a restituir en el goce de los derechos que le corresponden a los actores como miembros de la moral demandada; sin embargo como se desprende del considerando primero tercer párrafo y en relación al escrito inicial de demanda la A quo refiere en dicho párrafo lo siguiente: “Los actores [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA] demandan, entre otras prestaciones, la restitución en el goce de los derechos que como socios de la moral [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.] les corresponden para disfrutar de las instalaciones y servicios que la misma otorga; sin embargo, tal como lo afirman los demandados [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.] por conducto de su apoderado legal [LICENCIADO LUIS HUMBERTO CORTÉS CARRILLO, MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ, JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO y JESÚS MADRID CEPEDA,] en idénticos términos de los estatutos moral demandada, específicamente en el noveno a la letra enuncia: “…la calidad de accionistas no le da derecho al acceso y uso de las instalaciones del club; para gozar de estos derechos será necesario que el accionista además tenga la categoría de miembro del club, la que se adquirirá al firmar con el administrador único o con el consejo de administración un contrato de membrecía” de lo que se desprende textualmente que los accionistas requieren además, la categoría de miembros para disfrutar de las instalaciones propiedad de la moral demandada, categoría que es resultado de la compraventa de la membresía correspondiente…” Por tanto, al tratarse de un contrato civil a través de este procedimiento ventilado en la vía ordinaria mercantil no es factible dirimir las controversias que los actores en su calidad de miembros tengan con la moral [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.,] ya que de conformidad con el artículo 1049 del Código de Comercio, los juicios mercantiles tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que deriven de actos de comercio, y para determinar si una controversia debe ser tramitada en vía mercantil, es necesario analizar si realmente queda sustentada en un acto de comercio, para lo cual debe acudirse al contenido del artículo 65 (sic) del Código de Comercio que establece aquellos supuestos que la ley reputa como tales, no desprendiéndose la actualización de ninguna de las fracciones que contempla. Razonamientos virtud a los cuales, la presente resolución no analizara la prestación reclamada por los actores en el numeral “2” del capítulo relativo de su escrito de demanda. Lo anterior me genera el agravio de que con dicho razonamiento la A quo violenta el principio de congruencia y de falta de fundamentación y motivación para determinar en el punto resolutivo tercero inciso f, que se condene a mi representada a restituir a los actores en el goce de los derechos que reclaman, pues no existe congruencia entre el ya citado considerando primero y el resolutivo tercero en su inciso f ya que la A quo de manera clara determinó que en esta sentencia no analizaría la prestación reclamada con el número 2 de los actores, la cual señala según se lee en el escrito inicial de demanda: “De la totalidad de los demandados, también demandamos la restitución en el goce de los derechos que como socios del [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.,] tenemos los suscritos [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA] para disfrutar de las instalaciones propiedad de dicha persona moral y de los servicios que dicha persona moral otorga a sus socios.” Por lo anterior es que queda evidenciado que no existe congruencia en lo dictado por la A quo ya que en el considerando primero se declaró incompetente para pronunciarse con respecto a la prestación antes señalada, sin embargo sin fundamento alguno y sin análisis de prueba alguna condena a mi representada al cumplimiento de dicha prestación en el inciso “f” del punto resolutivo tercero lo cual es violatorio del orden legal pues como acertadamente lo señaló en el considerando primero la A quo, la prestación en el momento (sic) es materia del derecho civil y no mercantil por lo que al no actualizarse el contenido del artículo 75 del Código de Comercio no existe fundamento alguno para tal condena. II. Me genera agravio el considerando tercero de la resolución combatida, ya que en dicho considerando la A quo se pronuncia respecto a legitimación de la parte actora desestimando las excepciones de falta de legitimación activa para demandar basadas en la omisión de la satisfacción de los requisitos del artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a que la representación del capital social de los actores es solo del .1492%, siendo que el artículo en comento requiere que el ejercicio de las acciones intentadas en este caso se realicen por lo menos por quienes representen el 25% del capital social, además de que establece como condición perentoria que la demanda se presente dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la clausura de la asamblea; que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra. Todos estos requisitos legales se señalaron en la contestación de la demanda como un primer fundamento para la falta de legitimación de los actores. Con respecto de estas excepciones la A quo razona lo siguiente: la acción intentada por la parte actora es la de la nulidad misma que se sustenta en los numerales 186 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y no la de oposición, como equivocadamente asumen los demandados, siendo necesario para efectos de la presente sentencia distinguir entre ambas figuras. Continúa manifestando la A quo que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece la existencia de dos acciones, la nulidad y la oposición y que estas (sic) son esencialmente distintas en cuanto a su ejercicio y tramitación, pues la nulidad se establece en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se refiere a la ausencia de requisitos formales en la convocatoria. En cuanto a la oposición esta “tiene por objeto resistirse a la ejecución de los acuerdos adoptamos (sic) en la asamblea por contravenirse los estatutos sociales o la ley”, por lo que esta acción atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos y no a circunstancias previas a la asamblea, por lo que considera improcedentes las acciones 2 y 3 analizadas, es decir, las que se opusieron como excepción de falta de legitimación para demandar. Lo anterior me genera el agravio consistente en la falta de fundamentación y motivación ya que la A quo realiza interpretaciones sin fundamento legal alguno pues en primer lugar al referir que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece dos acciones distintas referidas como nulidad y oposición no hace más que una interpretación equivocada, lo anterior es así pues el efecto de la acción referida en el numeral 201 dista mucho de la conclusión por la A quo al referir que la oposición tiene por objeto resistirse a la ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravenirse los estatutos sociales o la ley, lo anterior carece de fundamento pues no puede acotarse a esta interpretación el término referido por el legislador al establecer “podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas”, ya que esta oposición no constituye un recurso o acción independiente que tenga ejercicio o tramitación establecida en el Código pues es evidente que la Ley General de Sociedades Mercantiles no contempla un capítulo de acciones en las que haga un catálogo de las mismas ya que al referirse el legislador a la facultad de oponerse judicialmente la interpretación correcta es el que oponga las medidas legales que la ley le confiere a quien se sienta agraviado por un acuerdo de la asamblea general de accionistas sin establecer de manera expresa como lo pretende la A quo al referirse a una acción de oposición como tal pues no hay tramitación establecida en la ley en este sentido como erróneamente lo refiere la A quo ya que el ejercicio judicial que ejercitan los accionistas en virtud de los derechos establecidos en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles como lo refiere la propia A quo tiene la finalidad de controvertir y dejar sin efecto los acuerdos tomados por la asamblea general de accionistas, lo que se traduce en esencia en la nulidad del acto combatida pues es evidente que al oponerse el accionista a los acuerdos de la asamblea pretende que estos tengan un efecto de una nulidad, ya que el ejercicio de esta acción debe fundamentarse en una violación a los estatutos sociales o a la ley, lo que nos lleva a concluir que las violaciones a la ley o a los estatutos como lo establecen los principios generales del derecho generan la nulidad del acto, por lo que en consecuencia no existe fundamento legal alguno para establecer la supuesta diferencia o existencia de dos acciones diversas como la oposición y la nulidad ya que como se analizó el código no establece dicha diferencia y en esencia la única figura a la que se refiere la ley por sus consecuencias jurídicas lo es la nulidad y la referencia aludida en el artículo 201 como una facultad de oposición no es otra cosa más que la legitimación del ejercicio de una acción de nulidad como claramente se desprende de la interpretación correcta del ya citado artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por lo que en consecuencia no hay fundamento para desestimar las excepciones analizadas pues es evidente que los actores no cumplen con los requisitos que establece el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ya que no representan el 25% del capital social para poder ejercitar la acción intentada además de que la demanda evidentemente fue presentada de manera extemporánea pues la asamblea se celebró el 27 veintisiete de abril del 2015 dos mil quince y los actores presentaron su demanda el 04 cuatro de abril del 2016 dos mil dieciséis, por lo que el término se encuentra excedido circunstancia que no fue analizada por la A quo, así como también se omitió analizar la circunstancia de la falta del requisito establecido en la fracción II del citado artículo 201 que establece que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea, extremo que no fue analizado por la juez y el cual se acredita mediante la prueba ofrecida por la misma parte actora que hace prueba en su contra consistente en el acta notarial que exhibe levantada por el Notario Público 24 de la que se desprende que a petición del actor [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN] el notario da fe de tenerlo por presente en la asamblea cuya nulidad pretende por lo que en consecuencia no se satisface el requisito de la fracción II del artículo 201 razón por la cual la acción es improcedente. Es por ello que este Tribunal deberá de establecer que la resolución combatida carece de fundamentación legal y motivación para desestimar las excepciones II y III del escrito de contestación de la demanda de mi representada y por ello deberá de (sic) revocarse la resolución combatida en la que se declaren improcedentes dichas excepciones se absuelva a mi representada de las prestaciones reclamadas. III. Me genera agravio lo que refiere la A quo en el considerando tercero por lo que toca a la determinación que hace en relación a la excepción IV del escrito de contestación de demanda de mi representada consistente en la excepción de falta de acción y de derecho para demandar de los actores por no cumplir con el requisito del artículo 205 en relación a los artículos 185 y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles pues quedó evidenciado que los actores fueron omisos en depositar sus acciones ante fedatario público o institución de crédito, requisito este, establecido en el artículo 205 como condición esencial para el ejercicio de las acciones derivados de los artículos 185 y 201 de la referida ley. En este sentido la A quo insiste en la diferenciación de la acción de nulidad y de oposición al señalar que el requisito del depósito de las acciones atañe únicamente a la acción de oposición argumentando que el artículo 205, prevé solo la hipótesis del depósito de las acciones en el caso de la acción de oposición. Este razonamiento me genera agravio en virtud de que la aquí (sic) hace una incorrecta interpretación del artículo 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues este precepto legal ordena.- Artículo 205.- Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 185 y 201, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante fedatario público o en una Institución de Crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales. Al referir este artículo que es aplicable a las hipótesis previstas en los artículos 185 y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos remite a analizar estas acciones, que en lo consecuente dichos artículos resultan aplicables al caso que nos ocupa. Artículo 185 señala.- La petición a que se refiere el artículo anterior, podrá ser hecha por el titular de una sola acción, en cualquiera de los casos siguientes: I.- Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos; II.- Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el artículo 181. Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, ésta se formulará ante el Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios. El punto se decidirá siguiéndose la tramitación establecida para los incidentes de los juicios mercantiles. Este artículo a su vez nos remite al contenido del artículo 184, que prevé las acciones de los accionistas que representen el 33% del capital social, para reclamar, aspectos relacionados con la convocatoria en cuanto a su contenido en asuntos a tratar, y a los tiempos de su publicación, según el segundo párrafo de dicho artículo. Artículo 201 indica.- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: I.- Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de clausura de la Asamblea; II.- Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución, y III.- Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los Administradores o de los Comisarios. Lo que obliga a los accionistas a depositar sus acciones para ejercitar cualquier acción relacionada con la convocatoria o cualquier acuerdo de la asamblea general de accionistas, por lo que la acción intentada resulta improcedente. Lo anterior es así pues la prestación reclamada se refiere a la convocatoria de la asamblea y a la reclamación de los acuerdos tomados en la asamblea general de accionistas. Por lo que en este caso se encuentran presentes las hipótesis planteadas en los artículos 185 y 201 de la ley, y en consecuencia resultan aplicables estos artículos que la A quo pretende desvirtuar. IV. Así mismo me genera agravio este considerando III en la parte conducente que señala los razonamientos a la excepción IV del escrito de contestación de demanda relativa a la de falta de acción y de derecho para demandar por incumplir con los requisitos del artículo 205 en relación del artículo 185 y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por no haber depositado los títulos de sus acciones ante fedatario público o institución de crédito por lo que no les nace el derecho a los actores para ejercitar la demanda por no haber cubierto esta carga procesal. En este sentido la A quo se pronuncia diciendo: “De nueva cuenta yerran los demandados, refiriéndose a que la acción intentada por los promoventes encuentra sustento en el numeral 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, insistiéndose en que la pretensión de la parte actora consiste en solicitar la nulidad de la asamblea celebrada el día veintisiete de abril de dos mil quince, por causas previas a su celebración; en tal virtud, asiste la razón a la parte actora cuando afirma, que a la acción de nulidad no puede aplicar por analogía la exigencia prevista por el artículo 205 de la Ley referida, consistente en la obligación de depositar los títulos de sus acciones ante Notario o en una Institución de Crédito, y adjuntar el correspondiente certificado a la demanda, dado que dicho requisito únicamente atañe a la acción de oposición.” El anterior razonamiento me genera agravio pues insiste la A quo en diferenciar la acción intentada, siendo inexacto que se pretenda aplicar por analogía el artículo 205 de la referida ley pues es evidente que está relacionado como se dijo en la excepción con el artículo 185 y 201, debiendo considerar como ya se mencionó que el citado artículo 185 hace referencia a las cuestiones relativas a la convocatoria como lo es en el caso que nos ocupa pues la acción se deriva precisamente de un aspecto relacionado con la convocatoria a la asamblea objetada en este juicio por lo que el razonamiento expresado resulta inaplicable como también la tesis aisladas que refiere la A quo en este sentido por no resultar de carácter obligatorias. V. Me genera agravio este considerando III que en lo conducente se refiere al análisis de la legitimación de los actores pues pretende acreditar su legitimación mediante la exhibición de copias certificadas de los títulos valiosos números 22 y 41 (sic) de la serie B del capital social de [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.,] lo que violenta las disposiciones legales aplicables ya que el artículo 1378 del Código de Comercio obliga al actor a exhibir los documentos fundatorio de su acción pues dicho artículo señala a la letra. Artículo 1378.- En el escrito de demanda el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del término de quince días. Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos relacionados con los hechos de la contestación de demanda. En consecuencia era obligatorio a los actores el exhibir su título accionario en original para el ejercicio de la acción intentada y no como lo señala la A quo dando por satisfecho este requisito procesal con la exhibición de copias certificadas, toda vez que como es de explorado derecho, las acciones se consideran títulos de crédito y por lo tanto para el ejercicio de las acciones que ello se deriven es requisito procesal la exhibición de los originales y no de copias certificadas pues en atención al principio de literalidad los derechos derivados de un título de crédito deben ejercitarse con la exhibición del mismo pues la copia certificada no otorga el derecho para su ejercicio, lo anterior según lo señala el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es aplicable la tesis de la Séptima Época consultable a página 87 del volumen 193-198, Cuarta parte del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 240126: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. PARA ACREDITARLA, LOS SOCIOS DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBEN EXHIBIR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. La copia certificada por notario del documento expedido por una institución bancaria en la que ésta hace constar que tiene en custodia las acciones de los actores, es ineficaz para acreditar ante la autoridad judicial su calidad de socios de la sociedad mercantil demandada, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima, estarán representadas por títulos nominativos que servirán precisamente para acreditar la calidad y los derechos de socio, y por tanto solamente con los originales de esos títulos se puede legalmente acreditar dicha calidad. Así mismo resulta aplicable la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe y que determina que para la legitimación activa en los juicios en los que se reclaman derechos derivados de las acciones, la legitimación activa sólo se acredita con la exhibición de los títulos originales del titular por lo que una acción endosada no legitima su tenedor para el ejercicio de una acción ordinaria mercantil, y en el caso que nos ocupa la A quo estimo (sic) legitimado a [CARLOS DELGADO RIVERA] no obstante que comparece con la acción 404 cuya titular es [OLGA LIBIA URTUZUÁSTEGUI GARCÍA] por lo que no se encontraba legitimado para el ejercicio de la acción y toda vez que la legitimación es un requisito procesal de análisis oficioso, era obligación de la A quo analizar esta circunstancia lo cual pasó por alto violentando con ello lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es aplicable la tesis III.2o.C.74 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de la novena época consultable a página 1792 del tomo XXI de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con número de registro 179557 de enero de 2005. LEGITIMACIÓN ACTIVA. CARECE DE ELLA QUIEN COMPARECE A JUICIO CON ACCIONES NOMINATIVAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA ENDOSADAS EN SU FAVOR, SI TAL ENDOSO NO APARECE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS. Las acciones de una sociedad anónima se encuentran ligadas a la causa de su expedición, es decir, al contrato social del que surgen. Por tanto, la acción de la sociedad anónima es indudablemente un título causal que, como ningún otro de su especie, está subordinado a las estipulaciones del negocio social, razón por la cual, si del acta constitutiva de la conformación de una persona moral se advierte que la sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el libro de registro de accionistas que al efecto llevará la sociedad, en términos del artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y si una persona, ostentándose accionista de una sociedad anónima, comparece a juicio exhibiendo como documentos fundatorios de su acción títulos de acciones a nombre de terceros, que en el reverso aluden a una cesión de derechos en su favor, pero dicha cesión no aparece en el registro de acciones, es claro que tales documentos son ineptos para legitimarla en la causa, dado que al ser considerados títulos de crédito deben expedirse a favor de una persona física o moral, cuyo nombre deberá consignarse en el texto del documento, de conformidad con lo previsto por el artículo 23 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ello, porque el endoso, como medio de transmisión de la propiedad de acciones nominativas, es eficaz entre enajenante y adquirente, pero frente a la sociedad y frente a terceros, sólo será apto para legitimar a quien comparece si su nombre y adquisición constan en el libro respectivo. VI. Me genera agravio el considerando IV de la resolución combatida en cuanto a la aplicación 1194 del Código de Comercio relativo a las cargas procesales probatorias de cada parte ya que la A quo se pronuncia en el sentido de considerar satisfechos los requisitos probatorios de la parte actora pues del análisis de las prestaciones reclamadas en cuanto a los requisitos de la convocatoria para la celebración de la asamblea combatida la actora señala que nunca se realizó una segunda convocatoria además de que la convocatoria objetada fue suscrita por JESÚS MADRID CEPEDA a lo que la A quo considera que la carga probatoria de la actora se divide en tres puntos refiriendo lo siguiente: “…1. La ostentación de la calidad de socios activos de [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA] de la persona moral denominada [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.] 2. La realización de la asamblea general de accionistas de la persona moral [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.] a las dieciocho horas del día veintisiete de abril de dos mil quince. 3.- Que la asamblea general de accionistas celebrada por los miembros de la sociedad denominada [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.,] a las dieciocho horas del día veintisiete de abril de dos mil quince se realizó en contravención de los artículos 186 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles…”. En relación al primer punto la A quo considera que este (sic) está satisfecho según lo refirió en el último párrafo del considerando tercero de la sentencia combatida. En este sentido me genera agravio pues como se mencionó al atacar dicho párrafo y en obvias repeticiones es evidente que la calidad de socios activos de los actores no se encuentra legitimada pues no se exhibieron los documentos originales de sus acciones además de que una de ellas no otorga la titularidad al accionante sino lo hace mediante en dos (sic) por lo que me remito a la delegación vertida en contra del último párrafo del considerando tercero. En relación al numeral 2 referente a la acreditación de la asamblea general de accionistas del [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.,] la A quo manifiesta que este punto se encuentra satisfecho mediante la exhibición del expediente 19/16 del índice del Juzgado Sexto Civil relativo a los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil en contra de [JESÚS MADRID CEPEDA] y de [JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO], así como con una fotografía digital exhibida por los actores y con la documental de acta de fe de hechos levantada por el [LICENCIADO OMAR CAYAM VALENZUELA ESCALANTE] documentos a los que les otorga valor probatorio pleno. Lo anterior me genera el agravio de que la A quo desestima la objeción que se le planteó con respecto a los medios preparatorios aludidos mismos que solo pueden so pena de violentar el orden jurídico, acarrear consecuencia jurídica a los codemandados [JESÚS MADRID CEPEDA] y [JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO] pues solo fueron referidos a ellos y su alcance legal no puede afectar la esfera jurídica del [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.] ni de [MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ] contra quienes no se promovieron los referidos medios preparatorios en virtud lo cual la A quo se extralimita en sus facultades al extender el efecto legal de dichos medios preparatorios en contra de mi representada y al no pronunciarse con respecto de esta objeción por parte de [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.] ni de [MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ]. Así mismo me genera agravio el desvirtuar la objeción al documento de fe de hechos que exhiben los actores levantado por el [CORREDOR PÚBLICO LICENCIADO OMAR CAYAM VALENZUELA ESCALANTE] en virtud de que de autos se desprende que dicho documento fue objetado como documental superviniente sin que la A quo entre al estudio de dicha objeción pues el documento no reúne dicha característica como lo marca la ley y por lo tanto no puede surtir efecto legal alguno. Por otro lado la A quo otorga al documento copia certificada de fe de hechos levantada por el [Notario Público número 24 LICENCIADO EUGENIO GARCÍA RUSSEK] valor probatorio pleno, desestimando las objeciones que de él se vertieron en la reconvención planteada, misma que en esta parte de la sentencia la A quo desestima y considera improcedente la reconvención en cuanto a la nulidad de dicho documento, desestimando los aspectos planteados sobre dicha nulidad, como lo es la violación a los artículos 97 fracciones V; VII y VIII en relación a el artículo 87 Fracciones VI y X, de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, en cuanto a que en el acta referida, se omitió asentar que el notario se identificó en el acto de levantar y preguntar a los presentes si era su deseo firmar esa acta, además de que se hizo ver la irregularidad que genera la nulidad total del acto pues esta presenta fecha de registro del 19 diecinueve de octubre del año 2010 dos mil diez, en este sentido manifiesta en la sentencia, lo siguiente: “…En primer término por lo que hace a la fracción V del artículo 97 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, es de verse del contenido de la fe de hechos, que el Notario hizo constar en la parte final del acta, literalmente en el inciso D, que: “Que leído lo anterior por el compareciente, se omitió explicarle su valor y consecuencias legales en razón de su profesión y estando conforme con su redacción y contenido la firma para constancia. DOY FE.” De lo que se obtiene, que contrario a lo argumentado por la moral reconvencionista, el solicitante de los servicios del fedatario, señor [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN,] leyó lo asentado por aquel (sic), y en razón de su profesión se omitió explicarle su valor y consecuencias legales, por lo que no se violentó la fracción aludida…” El anterior razonamiento me genera el agravio de que la A quo estima que el único participante en el acta lo era el actor [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN,] violentando la misma fe de hechos en la que se hace constar que se encuentran presentes los accionistas de la moral hoy demandada por lo que la lectura del acta debió haberse realizado ante los presentes y en cuanto a su explicación su omisión no se encuentra justificada pues como lo señala la A quo esta omisión se fundó en el criterio de señalar que [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN] no requería de explicación del contenido del acta en relación a su profesión, lo cual violenta la ley pues no se señala ni acredita que profesión ostenta [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN], pues de explorado derecho que para el caso de la omisión de las explicaciones de alcances legales como lo es el acta levantada la omisión de su explicación solo se justifica cuando la persona es perito en la materia de los alcances legales, es decir, que sea licenciado en derecho, extremo que no se satisface en esta acta y por lo tanto la misma es violatoria de la referida fracción V del artículo 97 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua. La A quo continúa manifestando en la sentencia: “…Por lo que hace a la fracción VII del numeral 97 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, tampoco resulta transgredido puesto que obra la firma y sello del Notario que levantó la fe de hechos, y en lo tocante a la fracción VIII, y X del artículo 87 es de verse que, como prueba ofrecida en la contestación de la reconvención por [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN], fue desahogada el día doce de septiembre del año próximo pasado, la Inspección Judicial en la [Notaría Pública número Veinticuatro], a cargo del [Licenciado EUGENIO FERNANDO GARCÍA RUSSEK], en la que la [Licenciada MARÍA AGUILAR VELGIS], asistente de la citada Notaría puso a la vista de la Secretaria Proyectista adscrita a este Juzgado, [Licenciada LAURA ARACELI HERNÁNDEZ BELTRÁN], el libro de actos fuera de protocolo, volumen [12], quien dio fe de que sí existe el número de inscripción [13,182]; que dicha inscripción pertenece al acto donde se levantó el acta con el objeto de dar fe de la celebración de un Acta de Asamblea General de Accionistas de [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA], de fecha [veintisiete de abril del año dos mil quince], a solicitud de [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN]; que la fecha de inscripción del Acta del volumen [12] del libro de Registro de Actos fuera de protocolo de la Notaría fue el veintisiete de Abril de dos mil quince, proporcionándole la persona que la atendió, copia simple de la inscripción número [13,182] del Libro de Actos fuera de Protocolo de la [Notaría Número Veinticuatro], visible a foja 216 del Segundo Tomo del sumario, probanza de valor pleno conforme a lo señalado por el artículo 1299 del Código de Comercio. De lo que se obtiene que el acta multicitada sí fue debidamente registrada en el Libro de Registro de Actos Fuera de Protocolo, no siendo óbice el hecho de que por un error mecanográfico se asentara en la misma como fecha de inscripción el día “diecinueve de octubre de dos mil diez”, puesto que resulta inverosímil que si el fedatario comenzó la redacción del acta controvertida, asentando que eran las dieciocho horas del día veintisiete de abril de dos mil quince, la multicitada acta se inscribiera el día diecinueve de octubre de dos mil diez, y a mayor abundamiento, de la referida inspección judicial se colige que fue inscrita en el libro correspondiente el día de su confección, esto es, el veintisiete de Abril de dos mil quince…” El anterior razonamiento me genera agravios en primer término porque carece de fundamentación legal al referirse a las fracciones VIII del artículo 87, ya que este (sic) nunca fue alegado por mi representada, y como se desprende de la lectura de la sentencia cuando la A quo transcribe los fundamentos de la reconvención nunca menciona ni transcribe la fracción VIII del artículo 87, pues a la que nos referimos a la reconvención la fracción VIII pero del artículo 97 de la ley de la materia, por lo tanto este argumento carece de fundamentación legal en este sentido, sin embargo y por cuestión de orden debemos establecer que la fracción VIII del artículo 97 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua prevé como causa de nulidad de las actas el que esta (sic) no se encuentra registrada en el libro registro de actas fuera de protocolo, lo cual resulta procedente en el caso que nos ocupa pues el acta a que se refiere la inspección judicial aludida es diversa como se puede ver en la copia certificada que adjuntan en dicha diligencia a la que se exhibió como prueba de la demanda, pues es evidente que lejos de lo razonado por la A quo pretendiendo desestimar la fracción X del artículo 87 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua que obliga para su validez que el acta haga constar el número y fecha en que quedó inscrita en el libro de actas fuera de protocolo, situación esta que se evidencia con el documento objetado ya que el acta exhibida en actos adjunta a la demanda original claramente señala que la fecha de inscripción en el registro de actos fuera de protocolo lo es el 19 diecinueve de octubre del 2010 dos mil diez, lo que por sí acarrea la nulidad de la misma ya que esta circunstancia en ningún momento constituye como lo pretende hacer valer la A quo un error mecanográfico, pues esta fecha dista mucho de la pretendida, es decir, 27 veintisiete de abril del 2015 dos mil quince lo que no puede explicar un simple error mecanográfico como el pretendido por la A quo, así mismo la inspección judicial no puede bajo ninguna circunstancia apoyar el razonamiento de la A quo en cuanto a acreditar la existencia de un diverso documento al exhibido bajo el argumento de que da fe de que en el libro existe la inscripción del número del documento exhibido con diversa fecha al que consta en actos, pues en todo caso lo único que puede tener como alcance legal dicha inspección es acreditar la existencia de dos documentos diversos y que para el efecto de la valoración de las pruebas deberá estimarse el que se acompañó a la demanda pues darle valor probatorio al diverso documento como lo pretende la A quo es violatorio del principio de la garantía de audiencia pues se incorpora un nuevo documento a la Litis sin fundamento legal que no puede tener el alcance pretendido pues quedó evidenciado que el fedatario público como órgano técnico no puede salvar sus errores mecanográficos pues un documento público no puede modificarse so pena de violentar el orden jurídico como lo pretende la A quo. Resulta también importante establecer que la inspección judicial referida en la sentencia se da fe del acta de asamblea general de accionistas de diversa persona moral pues de la transcripción que obra en autos claramente se establece que la inspección judicial da fe de la existencia de un acta de la moral denominada [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA], quien no corresponde a mi representada ya que la fe judicial hace constar que el acta que se tiene a la vista no es de la sociedad anónima de capital variable que represento lo que no puede de nueva cuenta justificarse como error mecanográfico pues de ser así se está incurriendo en un abuso jurisdiccional de justificar errores, lo cual es improcedente en órganos técnicos ante los que se actúan, lo que nos llevaría al irrisorio extremo de pretender alegar como agravio que por un error mecanográfico los puntos resolutivos establecen la sentencia debiendo haber establecido la absolución de las prestaciones reclamadas. Continúa manifestando la A quo en relación a la reconvención lo siguiente: “…Por lo que hace a la fracción VI del artículo 87, de su lectura se advierte que plantea la posibilidad de que las actas sean firmadas por quienes en el momento en que el Notario presencie los hechos le manifiesten su deseo de hacerlo, esto es, puede o no hacerse, estableciendo la propia fracción los casos en los que sí resulta categórico así hacerlo, esto es, en los casos de reconocimiento de firmas y ratificación del contenido de documentos, mismos que necesariamente deberán firmar quienes reconozcan o ratifiquen. Es por lo antes expuesto que el acta de fe de hechos levantada por el Notario Público Número 24 de esta Ciudad de Chihuahua, [LICENCIADO EUGENIO GARCÍA RUSSEK] goza de pleno valor al tenor de los numerales 1292 y 1293 del Código de comercio, fungiendo como elemento probatorio encaminado a acreditar la celebración de la asamblea celebrada a las dieciocho horas del día veintisiete de abril de dos mil quince…” El anterior razonamiento me genera agravio puesto que la citada fracción VI del artículo 87 si bien es cierto establece una facultad potestativa para que quienes intervinieron suscriban o no el acta dicha fracción no deja al arbitrio del notario efectuar la potestad de solicitar la manifestación del deseo de firmar a quienes intervengan, pues la potestad de hacerlo o no es una consecuencia de la invitación a que manifiesten el deseo de hacerlo, extremo este que no se dio por satisfecho en el acta objetada y que la A quo desestima pues solo razona el aspecto potestativo para la firma, violentando el contenido de la citada fracción VI que obliga al notario a obtener la manifestación de los intervinientes sobre el deseo o no de firmar el acta extremo que no queda a la interpretación sino que está establecido claramente en dicha fracción, razón por la cual se violenta entonces la fracción VI del artículo 87 y en consecuencia el otorgarle pleno valor probatorio a la acta notarial referida violenta los artículos 1292 y 1293 del Código de Comercio razón por la cual este Tribunal deberá de desestimar dicha probanza y tener por no acreditada la celebración de la asamblea cuya nulidad se pretende como carga probatoria de la parte actora. VII. Me genera agravio el considerando cuarto que en la parte conducente una vez transcritas las intervenciones de diversos testigos y confesionales vertidas la A quo determina que los elementos de la acción se encuentran corroborados considerando acreditados el primero y segundo de la acción, extremos estos que oportunamente fueron atacados en los agravios expresados anteriormente. Manifiesta la A quo que en relación al tercer elemento de la acción, referente a que la asamblea se realizó en contra versión a los artículos 186 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles pues al no haberse celebrado la asamblea en la primer convocatoria, se realizaría una segunda convocatoria para el mismo efecto, concluyendo que esta segunda convocatoria debe cumplir los requisitos de la primera y después de transcribir diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles concluye que la convocatoria es una exhortación a los socios para que celebren asambleas generales y que la convocatoria es un documento que contiene la indicación del lugar, fecha y hora en que debe de tener verificativo la asamblea, el orden del día y la firma de quien convoca y cuya finalidad es precisamente la publicidad del acto convocado con el objeto de que los accionistas con anticipación conozcan del día y hora en que tendrá verificativo la junta, y que para el efecto el artículo 191 se refiere a que se realice una segunda convocatoria asentando la A quo la relevancia del hecho de que la ley no hace ninguna especificación al respecto en relación a la segunda convocatoria e interpreta al espíritu del legislador para la realización de la segunda convocatoria por lo que le asiste la razón a los actores pues era necesario de acuerdo a la interpretación sistemática y teleológica del artículo 191 citado por lo que la segunda convocatoria deberá hacerse con la anticipación que fijen los estatutos y con los mismos requisitos de la primera y toda vez que no hubo segunda convocatoria con la anticipación que fijan los estatutos y con los requisitos señalados en la ley y en atención en el principio pro persona en beneficio de los actores se infringieron las reglas del artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles pues se exige que la segunda cita se vuelva a convocar a la totalidad de los socios y no sólo a los que fueron a la primera cita por lo que al haber mediado sólo 60 minutos entre la primera y segunda convocatoria lo que constituye una simple prórroga para la celebración de la reunión modalidad no permitida por la ley sin que sobre añadir que es cierto que la ley mercantil admite como válidos los usos y costumbres comerciales. Empero, cuando el hecho en concreto ya está regulado, en tal caso contra el imperativo de la ley no puede anteponerse el uso y la costumbre, argumentos suficientes para ordenar la nulidad de la asamblea celebrada el 27 veintisiete de abril del 2015 dos mil quince a las 18:00 horas. El anterior razonamiento me genera agravio de que la A quo considera procedente y aplicable las condiciones establecidas en el artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles al establecer como obligatoria la emisión de una segunda convocatoria con respecto a los tiempos de publicidad y a sus contenidos lo que considera suficiente para declarar la nulidad de la asamblea, sin embargo en primer término es de observarse que por lo que toca al actor [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN], le es aplicable el principio procesal de la legitimación de análisis obligatorio de la A quo, extremo que no hizo, pues como queda acreditado con el acta notarial que acompaña existe fe pública de su comparecencia a la asamblea cuya nulidad pretende por lo tanto al haber estado presente en la asamblea correspondiente se subsana cualquier error u omisión que contenga la convocatoria pues es de explorado derecho que la convocatoria tiene la finalidad como ya se analizó de dar publicidad a la asamblea y al estar presente el actor subsana el error pretendido, por lo tanto la A quo en el análisis oficioso y obligado del presupuesto procesal de la legitimación activa, debió haber declarado procedente la excepción que en este sentido se planteó en cuanto a [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN] por lo tanto el razonamiento vertido para declarar la nulidad de la asamblea carece de fundamento pues existe el acto jurídico de la comparecencia a la asamblea que subsana cualquier error, por lo tanto este razonamiento resulta improcedente. Es aplicable la tesis de la octava época consultable a página 550 del II tomo Segunda parte del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo de Diciembre de 1988, con número de registro 230610: SOCIEDAD, CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UNA. El hecho de que el socio que pretende la nulidad de la convocatoria a una asamblea de la sociedad de que es miembro, comparezca a la misma a alegar lo que a su interés conviene, pone de manifiesto que dicha convocatoria, bien o mal emitida, cumplió con su cometido, en lo que respecta a ese socio, como es el de hacerle saber el día y hora señalados para que se llevara a cabo la citada asamblea de ahí que la convocatoria mencionada no irrogue agravio alguno al socio de mérito. Por otro lado es evidente que el razonamiento que hace la A quo en cuanto a la aplicación de usos y costumbres comerciales pretendiendo su no aplicación carece de fundamentación legal para tal conclusión pues no señala los artículos aplicables para tal conclusión por lo tanto violenta al principio de legalidad al no fundar ni motivar este razonamiento ya que en este sentido transcribe el criterio del segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito con una tesis que resulta inaplicable en cuanto a los usos y costumbres, razón por la cual carece de fundamento para desestimar las argumentaciones vertidas en la contestación de la demanda en cuanto a la aplicación de los usos y costumbres ya que en ese sentido no podemos dejar de observar que los usos y costumbres mercantiles en las circunstancias de las convocatorias conjuntas para la primera y segunda asamblea, resultan aplicables al caso. Es aplicable la tesis I.4o.C 254 C de la novena época consultable a página 2267 del XXXI tomo del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo de enero de 2010, con número de registro 165365: USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES. VALIDEZ DE SU EMPLEO EN LA INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS MERCANTILES. En el Código de Comercio no existe un conjunto de bases para proceder a la interpretación de los contratos mercantiles, ni tampoco alguna normativa al respecto en alguna otra ley mercantil, por lo menos de aplicación general para todos los contratos mercantiles. En cambio, en el Código Civil Federal sí existe un conjunto de reglas para la interpretación de los contratos, y por extensión a todos los actos jurídicos. Dentro de este conjunto, el artículo 1856 de dicho ordenamiento general, dispone expresamente que el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, por lo cual cabe la posibilidad de invocar la costumbre y las prácticas mercantiles, porque por disposición expresa y directa del artículo 2o. del Código de Comercio, a falta de previsiones en la legislación mercantil es aplicable la preceptiva del Código Civil Federal. VIII. Me genera agravio lo que manifiesta la A quo en el considerando cuarto en la parte conducente a la desestimación que hace la A quo de las excepciones planteadas consistentes en: I. Excepción de prescripción de la acción intentada; y VII. Excepción de falta de acción y derecho. Por lo que hace a la referida en primer término, tenemos que la sustentan en lo dispuesto por la fracción I del numeral 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que textualmente enuncia: Artículo 201 indica.- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: I.- Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de clausura de la Asamblea; II.- Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución, y III.- Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los Administradores o de los Comisarios. Señalando que los actores debían oponerse a la asamblea de fecha veintisiete de abril de dos mil quince dentro de los quince días siguientes a su celebración siendo que la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el día primero de abril de dos mil dieciséis. Excepción que resulta improcedente puesto que el referido requisito es exigible únicamente cuando se intenta una acción de oposición, mismo que no debe extenderse a la acción de nulidad, porque ésta es esencialmente diferente a la de oposición. En ese sentido me genera agravio el anterior razonamiento ya que la pretensión de la A quo es establecer como ha insistido en la acción de oposición y la de nulidad, como ya se analizó no tiene una diferenciación en esencia pues evidente que el requisito de la fracción I del artículo 201 resulta aplicable a cualquier figura jurídica que implique un medio de defensa contra un acto jurídico ya que como se ha analizado la expresión del legislador al señalar podrán oponerse judicialmente no es limitativa para el ejercicio de una acción que no se encuentra contemplada con procedimiento específico como el pretendido por la A quo, razón por la cual este razonamiento carece de fundamento. Me genera agravio el considerando V de la resolución combatida por el que la A quo establece que se decreta la nulidad de asamblea ordinaria de accionistas de la moral [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.,] celebrada a las 18:00 horas del 27 de abril del 2015 en consecuencia se declara la nulidad de los acuerdos tomados en dicha asamblea otorgándoles efectos retroactivos a la fecha de la asamblea y ordenando la aplicación el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para el efecto de que se convoque a celebrar un nuevo proceso para elección del consejo de administración. Y toda vez que se decretó la nulidad de la asamblea es de verse que las excursiones (sic) como miembros de la moral [CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.] sufridas por [CARLOS DELGADO RIVERA y MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN] ocurridas bajo la orden del consejo de administración electo en la asamblea declarada nula, por tanto debe restituírseles en el goce de los derechos que les corresponden de la moral condenada. El anterior razonamiento carece de fundamentación legal pues las conclusiones referidas han sido combatidas en el cuerpo del presente escrito de agravios por lo que no hay fundamento para declarar la nulidad pretendida, así como tampoco para declarar la nulidad de los acuerdos tomados en dicha asamblea y mucho menos para ordenar que continúen en el desempeño de las funciones el consejo de administración anterior al 2015, pero de manera específica carece de fundamentación legal por incongruente la parte final referida en cuanto a la orden de restituirles en el goce de los derechos que les corresponde como MIEMBROS de la moral condenada a los actores [CARLOS DELGADO RIVERA y MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN,] pues como se señaló en el inicio la expresión de estos agravios existe una incongruencia en el cuerpo de esta sentencia pues ya se analizó en el considerando segundo en el que quedó establecido que la A quo determinó que esta sentencia no se ocuparía de esta prestación por considerarla de materia civil razón por la cual carece de fundamentación por incongruente este punto que constituye el agravio que se expresa. X. Me genera agravio los puntos resolutivos expresados en la sentencia toda vez que como se desprende del análisis de todos los agravios aquí manifestados no existe fundamento legal para decretar la nulidad pretendida, ni la nulidad de los acuerdos referidos en el considerando tercero en cada uno de sus incisos y específicamente el señalado en el inciso f por no ser motivo del análisis de la sentencia en los términos del considerando segundo por lo que en general todos los puntos resolutivos carecen de fundamentación legal, de soporte jurídico debiéndose ordenar en consecuencia la revocación de la sentencia combatida para que se emita otra en la que se declaren procedentes las excepciones y se absuelva a mi representada de todas las prestaciones reclamadas.”
II.- Los agravios externados por el apoderado legal de la persona moral apelante, son unos infundados y otros, fundados y suficientes para revocar la sentencia combatida. 
El primer agravio es fundado, porque coincidiendo con la apreciación del recurrente, se estima por esta alzada que la juez del conocimiento faltó al principio de congruencia que está obligada a respetar al pronunciar sus resoluciones. 
En efecto, existe una evidente contradicción entre lo asentado en el Considerando II, en el que se declaró procedente la excepción de improcedencia de la vía en relación a la prestación identificada con el número 2 (dos); motivando tal determinación en que: “…a través de este procedimiento ventilado en la vía ordinaria mercantil no es factible dirimir las controversias que los actores en su calidad de miembros” tengan con la persona moral demandada, porque derivan de un contrato civil y no se actualiza ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 75 del Código de Comercio, agregando que “… la presente resolución no analizará la prestación reclamada por los actores en el numeral “2” del capítulo relativo de su escrito de demanda”; y luego, contrariando su propia determinación, en el punto resolutivo TERCERO inciso f), condenó a los demandados a la restitución de los derechos reclamados en la prestación número “2”. 
En apoyo a la determinación que antecede, se cita la tesis pronunciada en la Décima Época, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 2098, con el rubro y texto siguientes: 
“PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA SU VIOLACIÓN. La violación al principio de congruencia, en términos generales, da lugar a conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia o resolución que constituyan el o los actos reclamados, y se dicten las nuevas resoluciones o sentencias correspondientes, en las que se repare la violación en que haya incurrido la autoridad responsable de que se trate; empero, la restitución se constriñe a realizar el estudio que, en su caso, se hubiera omitido y no así, a resolver la controversia, necesariamente, en un determinado sentido, toda vez que en ese aspecto la autoridad responsable goza de plenitud de jurisdicción y arbitrio judicial”.
El segundo agravio es infundado, porque el apelante señala que le afecta el desechamiento de las excepciones de falta de legitimación activa, haciéndolas consistir en que los actores no cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se exige: 1) Una representación de 25% (veinticinco por ciento) del capital social; 2) Que la demanda se presente dentro del término de quince días siguientes a la clausura de la asamblea y 3) Que los demandantes no hayan asistido a la Asamblea o dado su voto en contra. 
Se estima desacertada la apreciación de los recurrentes porque al expresar su agravio, es evidente que confunden la acción de Nulidad con la de Oposición, cuyas diferencias esenciales radican en que la primera tiene por objeto la declaración de nulidad ante la ausencia de requisitos formales en las convocatorias, para que sea válida la asamblea mientras que en la segunda, se condiciona su procedencia a que se haga el depósito de las acciones ante notario o una Institución Crediticia, dentro de los quince días siguientes a la clausura de la asamblea. 
Además, la acción de Oposición atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos, y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su nulidad, como sucede en el juicio de origen. 
Ante ese contexto, se coincide con la apreciación de la A-quo en lo referente a que la acción intentada por los actores es la de Nulidad de la Asamblea por defectos en la convocatoria, sustentada en los numerales 186 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual de ninguna manera encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 201 del citado ordenamiento mercantil. 
Por otra parte, contrariamente a lo señalado por el apelante en su agravio en estudio, los efectos de la acción de Nulidad y la de Oposición sí son distintos, porque la Asamblea es válida mientras no se declare su nulidad, pero cuando se ejercita la acción de Oposición, los acuerdos tomados en la Asamblea sólo se suspenden mediante el otorgamiento de una garantía que responda de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la Sociedad con su inejecución, en caso de que la acción resulte infundada. 
Respalda la determinación que antecede, la jurisprudencia pronunciada en la Novena Época, aprobada en Contradicción de Tesis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 224, que a la letra dice: 
“SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA LA DE NULIDAD. Contra las resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas proceden dos acciones: la de nulidad o la de oposición, y aunque ambas tienen la finalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto impugnado, son esencialmente distintas, pues en cuanto a su ejercicio y tramitación tienen fundamentos legales diferentes. En efecto, en términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la primera se ejerce cuando se estima que alguna resolución de la asamblea fue tomada con infracción de los artículos 186 y 187 de la citada Ley, esto es, se apoya en la ausencia de requisitos formales en las convocatorias, y su procedencia no se condiciona a que se haga el depósito de las acciones ante notario, dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea; mientras que la segunda únicamente tiene por objeto oponerse a la ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravención a los estatutos sociales o a la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su nulidad. En tal virtud, si las mencionadas acciones son distintas, es evidente que a la de nulidad no puede aplicarse por analogía o mayoría de razón la medida cautelar prevista por el artículo 202 de la Ley referida, consistente en la suspensión de los acuerdos pronunciados en una asamblea de accionistas en la que se incumplan los requisitos a que aluden los artículos 179, 188 y 189 de la señalada Ley, ya que la celebración de la asamblea de accionistas, por sí misma, produce sus efectos hasta en tanto no se declare su nulidad. En consecuencia, sólo en los casos de oposición a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas prevista en el artículo 201 de la Ley en comento puede suspenderse judicialmente su ejecución, en términos del artículo 202 de dicho ordenamiento, siempre que los actores otorguen fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad por la inejecución de tales resoluciones, en caso de que la sentencia declarare infundada la oposición. Contradicción de tesis 123/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de noviembre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 196/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco”.
Del criterio transcrito, se infiere también lo infundado que resultan los agravios Tercero y Cuarto, los cuales son analizados de manera conjunta, dada la estrecha relación de los argumentos en los que se hacen consistir, ya que al hacerlo así, no se causa perjuicio alguno al apelante. 
Semejante criterio se ha sostenido en la Décima Época, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, cuyo rubro y contenido, son los siguientes: 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso”. 
En efecto, son infundados los agravios tercero y cuarto, porque es correcta la decisión de la A-quo al desechar la excepción de FALTA DE ACCIÓN y DERECHO que los demandados hicieron consistir en la omisión de cumplir con el requisito de depositar sus acciones ante fedatario público o alguna Institución de Crédito como lo exige el artículo 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; puesto que tal como se explicó al resolver el agravio que antecede, dicho requisito es ineludible solamente cuando se ejercita la acción de Oposición y no la Nulidad como acontece en el juicio de origen, misma que se reitera, se funda en lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Semejante criterio se ha sostenido en la Novena Época, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1875, que textualmente dice: 
“ACCIÓN DE OPOSICIÓN A LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SU OBJETO, ELEMENTOS PERSONALES Y FORMALES. Conforme al sentido literal y análisis sistemático y armónico de los artículos 201, 202 y 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la acción de oposición a los acuerdos y resoluciones aprobadas en la asamblea general de accionistas tiene los elementos personales y formales, siguientes: a) Elemento personal, en el que son titulares de la acción los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social. b) Elemento formal o requisito previo de procedibilidad que se traduce en acreditar la calidad especial de los actores al momento de presentarse la demanda con el certificado correspondiente que expida el notario o la institución depositaria y también deberán acompañarse a la demanda los demás documentos que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales. c) Elemento formal de permanencia, esto es, la calidad de los socios durante el juicio debe subsistir, por lo que las acciones depositadas no se devolverán sino hasta su conclusión. d) Elemento formal relativo a la oposición al acuerdo o resolución de la asamblea de accionistas, consistente en la ausencia de consentimiento tácito o expreso a las resoluciones de las asambleas, es decir, que los accionistas actores no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución. e) Elemento formal de la demanda. La demanda debe señalar la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. f) Objeto o pretensión de la acción, consistente en la oposición judicial a las resoluciones de las asambleas generales de una sociedad anónima. g) Elemento formal relativo a la existencia del motivo de la oposición, relativo a que la acción de oposición a la ejecución de los acuerdos o resoluciones adoptadas en la asamblea tiene como sustento jurídico la contravención a los estatutos sociales o a la ley, en tanto que atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos o resoluciones, y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su nulidad, ya que esta última tendrá por materia el verificar que se satisficieron los requisitos legales previos a la asamblea. h) La acción de oposición es improcedente contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios”.
El quinto agravio es fundado y suficiente para revocar la sentencia combatida, porque como lo asevera el recurrente, la sentencia recurrida violenta en perjuicio de sus representados, lo dispuesto por los artículos 1378 del Código de Comercio y 23 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de que la juez natural no advirtió que la legitimación de los actores no quedó acreditada. 
Ello es así, porque es de reconocido derecho que, tanto la doctrina como el artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, consideran a la acción como título-valor o título de crédito, esto es, “un documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna”. 
De igual manera, el numeral 17 de la misma Ley, establece literalmente y sin lugar a dudas que: “El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna”. 
Por lo tanto, es indubitable que a las acciones emitidas por una Sociedad Mercantil, le son aplicables las disposiciones relativas a tales títulos en lo que sea compatible con su naturaleza y no esté expresamente modificado por la ley. 
Así mismo, del artículo 24 del mismo ordenamiento legal, dispone: "… Cuando por expresarlo el título mismo, o prevenirlo la ley que lo rige, el título deba ser inscrito en un registro del emisor, éste no estará obligado a reconocer como tenedor legítimo sino a quien figure como tal, a la vez en el documento y en el registro. Cuando sea necesario el registro, ningún acto u operación referente al crédito surtirá efectos contra el emisor, o contra los terceros, si no se inscribe en el registro y en el título”.
Por otra parte, el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dispone: “…Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley”.
Luego, el artículo 128 de la Ley en comento, exige a las Sociedades Mercantiles lleven un registro de Socios, ya que establece en el siguiente numeral (129), “la Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen”.
A mayor abundamiento, debe puntualizarse que, otro motivo más para declarar que los actores no acreditaron su calidad de socios, deriva de que para ejercitar los derechos sociales, no basta con exhibir las acciones de los que son titulares ante los tribunales judiciales, sino que, es necesario demostrar también que dichas acciones y en su caso, los endosos que de ellas se efectúen, obran inscritos en el Registro de Accionistas de la persona moral demandada, a su nombre. 
Conclusión a la que se arriba, después de hacer el análisis conjunto de los numerales transcritos, lo cual se corrobora con la opinión del jurista José María Abascal Zamora, contenida en su obra “LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS”, quien afirmó literalmente lo siguiente: “Ante la autoridad judicial, para los casos en que se requiere su intervención, en casos como los de convocatoria, nulidades, etcétera, resulta necesaria la exhibición del título y estar registrado como accionista”. 
En ese orden de ideas, asiste la razón al apelante al dolerse de que la A-quo no advirtiera que los actores no acreditaron contar con legitimación activa en la causa, porque si de la interpretación literal del artículo 1378 del Código de Comercio, que regula el procedimiento de los juicios Ordinarios Mercantiles como el que nos ocupa, se establece que “En el escrito de demanda el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061…”; y luego, este último numeral en la fracción III señala: “…III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley”. 
Ante ese contexto, es claro que los actores no pueden acreditar su legitimación con una copia certificada por un fedatario público de sus acciones, sino que debieron exhibir el original del título valor y además acreditar mediante pruebas conducentes, que sus acciones se encuentran inscritas en el Registro de Socios de la persona moral demandada. 
Así es, porque si [CARLOS DELGADO RIVERA] pretende acreditar su legitimación con una copia certificada por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto Civil de este Distrito Judicial Morelos, de la copia certificada por el Licenciado Armando Herrera Acosta, en su carácter de Notario Público Número Doce en ejercicio para este Distrito Judicial Morelos, en la que éste último fedatario hizo constar que tuvo a la vista el original del Título 404 (Cuatrocientos cuatro), de la Serie “B” expedida por [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE], a favor de [OLGA LIBIA URTUZUÁSTEGUI GARCÍA]; pese a que en tal documento se encuentre un endoso favor del mencionado actor, no es suficiente para acreditar su calidad de socio, porque los títulos valor como la acción, no incorporan un puro derecho de crédito, sino que su contenido es predominantemente corporativo, debido a que son títulos causales, de contenido corporativo, definitivo y emitido en serie. 
De ahí que, las acciones como título de crédito o título valor, desde el punto de vista de su circulación, deben ser nominativas, lo que significa que deberán extenderse a favor de persona determinada y su transmisión no se perfecciona por el endoso del documento, sino que es necesario inscribirla en un registro que al efecto llevará la sociedad emisora. (Artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 
En ese orden de ideas, si las sociedades anónimas únicamente están obligadas a considerar como accionistas, a quien aparezca inscrito en el Registro de Socios que exige el artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es indispensable para acreditar la calidad de socio, demostrar que en el Registro de Socios de la Sociedad Mercantil demandada, obra inscrita la transmisión de la propiedad que se hizo por medio de un endoso a favor de [CARLOS DELGADO RIVERA], para determinar si legalmente tiene o no legitimación para comparecer a juicio y deducir las acciones que del citado título valor se deriven. 
Resultando aplicable al anterior criterio, la tesis correspondiente a la Novena Época, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, página 1792, bajo el rubro y texto siguientes: 
“LEGITIMACIÓN ACTIVA. CARECE DE ELLA QUIEN COMPARECE A JUICIO CON ACCIONES NOMINATIVAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA ENDOSADAS EN SU FAVOR, SI TAL ENDOSO NO APARECE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS. Las acciones de una sociedad anónima se encuentran ligadas a la causa de su expedición, es decir, al contrato social del que surgen. Por tanto, la acción de la sociedad anónima es indudablemente un título causal que, como ningún otro de su especie, está subordinado a las estipulaciones del negocio social, razón por la cual, si del acta constitutiva de la conformación de una persona moral se advierte que la sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el libro de registro de accionistas que al efecto llevará la sociedad, en términos del artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y si una persona, ostentándose accionista de una sociedad anónima, comparece a juicio exhibiendo como documentos fundatorios de su acción títulos de acciones a nombre de terceros, que en el reverso aluden a una cesión de derechos en su favor, pero dicha cesión no aparece en el registro de acciones, es claro que tales documentos son ineptos para legitimarla en la causa, dado que al ser considerados títulos de crédito deben expedirse a favor de una persona física o moral, cuyo nombre deberá consignarse en el texto del documento, de conformidad con lo previsto por el artículo 23 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ello, porque el endoso, como medio de transmisión de la propiedad de acciones nominativas, es eficaz entre enajenante y adquirente, pero frente a la sociedad y frente a terceros, sólo será apto para legitimar a quien comparece si su nombre y adquisición constan en el libro respectivo”. 
De lo anterior se concluye que, es fundado como lo señala el apelante, que [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA], no probaron contar con legitimación activa, puesto que, tal como lo señaló el apelante, no exhibieron el original de los títulos valor en los que constan las acciones emitidas por la Sociedad Mercantil, ni demostraron mediante las pruebas conducentes, que las acciones con las que pretenden acreditar su calidad de socio, se encuentran inscritas a su favor en el Registro de Socios de la persona moral demandada. 
Ello, porque el fedatario público que certificó las copias de los títulos que se acompañaron a la demanda por los actores, solo hizo constar que tuvo a la vista los originales y que la copia coincide con su contenido, pero no son suficientes para obligar a la Sociedad Anónima emisora, a responder por las obligaciones sociales que derivan de los títulos. 
En apoyo a la anterior determinación, se cita la tesis pronunciada en la Séptima Época, por la entonces denominada Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Cuarta Parte, página 87, bajo el rubro y texto siguientes: 
“LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. PARA ACREDITARLA, LOS SOCIOS DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBEN EXHIBIR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. La copia certificada por notario del documento expedido por una institución bancaria en la que ésta hace constar que tiene en custodia las acciones de los actores, es ineficaz para acreditar ante la autoridad judicial su calidad de socios de la sociedad mercantil demandada, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima, estarán representadas por títulos nominativos que servirán precisamente para acreditar la calidad y los derechos de socio, y por tanto solamente con los originales de esos títulos se puede legalmente acreditar dicha calidad”.
Igualmente, respalda el antelado criterio, la tesis pronunciada en la Décima Época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1150, bajo el rubro y contenido siguientes: 
“SOCIEDADES MERCANTILES. PARA QUE EXISTA EFICACIA LEGITIMADORA ENTRE EL TITULAR DE LAS ACCIONES Y LA SOCIEDAD, DEBEN INSCRIBIRSE LAS TRANSMISIONES REALIZADAS EN EL LIBRO DE REGISTRO RESPECTIVO. El artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé que la sociedad considerará dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro relativo, y que aquélla deberá inscribir en éste, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. Ahora bien, los efectos creados con las transmisiones referidas no se surten con el simple tránsito de las acciones de una persona a otra, sino que deben inscribirse en el libro de registro de acciones para que se otorgue al adquirente la legitimación para ejercitar frente a la sociedad sus derechos como accionista y, a la vez, que aquélla también pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su calidad de socio; de ese modo, la adquisición de acciones no otorga al adquirente la legitimación aludida, sino que es sólo un requisito previo para inscribirse en el registro de acciones. Lo anterior es así, en virtud de que la inscripción de las transmisiones en el registro de acciones es la forma legalmente prevista de legitimación social del titular de las acciones nominativas y despliega la eficacia legitimadora a favor de la sociedad frente al inscrito”. 
El sexto agravio es fundado, porque el apelante se duele de que en el Considerando IV de la sentencia recurrida se violenta en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 1194 del Código de Comercio, en virtud de que la A-quo declaró ilegalmente satisfechos los requisitos para la procedencia de la acción.
Es así, porque el recurrente hace consistir su agravio, en que la sociedad demandada nunca realizó una segunda convocatoria; que la única convocatoria fue objetada porque fue suscrita por [JESÚS MADRID CEPEDA] y que la A-quo consideró que la carga de los actores, constaba de tres puntos: “1) La calidad de socios activos de [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA], de la persona moral demandada. 2) La realización de la Asamblea General de Accionistas de la persona moral demandada, a las dieciocho horas del veintisiete de abril de dos mil quince; y 3) Que la referida Asamblea General de Accionistas se realizó en contravención de los artículos 186 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles”. 
Que la sentencia es ilegal, porque en lo referente al primer punto, éste no está satisfecho, ya que reitera, la calidad de socios no quedó acreditada. 
Ante ese contexto, a fin de evitar repeticiones innecesarias, nos remitimos a lo asentado en el Considerando V, en el que se declaró fundado el agravio, respecto de la improbada legitimación de los actores. 
En relación al punto 2, el inconforme se duele de que la A-quo tuvo por acreditada la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con las pruebas desahogadas por la actora consistentes en la copia certificada de los Medios Preparatorios radicados en el Expediente 19/16 del índice del anteriormente denominado Juzgado Sexto Civil de este Distrito Judicial, una fotografía digital y la documental pública consistente en el Acta de Hechos levantada por el [Licenciado Omar Cayam Valenzuela Escalante], en su carácter de [Corredor Público Número Dos], habilitado para la plaza del Estado de Chihuahua, a los que otorgó valor pleno, desestimando la objeción que plantearon el recurrente, la persona moral demandada y [MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ], en contra de los citados Medios preparatorios, porque dice, solo acarrean consecuencias jurídicas en contra de [JESÚS MADRID CEPEDA y JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO] y no de la Sociedad Mercantil demandada ni de [MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ]. 
Lo anterior, agregando que la juez del conocimiento, no analizó la objeción a la documental que opuso, consistente en que el acta de hechos levantada por el Corredor Público [Licenciado Omar Cayam Valenzuela Escalante], no reúne las características para ser valorado como prueba superveniente. 
Más adelante, el recurrente señala como agravio que la valoración que hizo la A-quo de la documental pública que contiene el acta levantada por el [Licenciado EUGENIO GARCÍA RUSSEK], desestimando las objeciones que se vertieron en la reconvención, ya que dice, en la objeción se hizo valer la violación a los artículos 97 fracciones V, VII y VIII en relación con el artículo 87 fracciones VI y X de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, en cuanto a que se omitió asentar en el Acta, que el notario se identificó y preguntó a los presentes si era su deseo firmar esa acta. Que tal irregularidad genera la nulidad total del acto, porque además, presenta fecha de registro del diecinueve de octubre de dos mil diez, lo cual no constituye un error “mecanográfico”, como lo hace valer la A-quo. 
Agregó que le genera agravio, que en la citada acta de hechos no se haya explicado a [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN] el contenido del acta, omisión que el Notario fundó en que tal persona no requería de explicación en virtud de su profesión; sin que se haya justificado qué profesión ostenta dicha persona, violentándose con ello, el artículo 97 de la Ley del Notariado. Que la A-quo invocó equivocadamente el artículo 87 fracción VIII siendo que la reconvención se fundamentó en el artículo 87 fracción VIII, que se refiere a que el acta no se encuentre registrada en el Registro de actas fuera del protocolo. Que la inspección judicial no puede acreditar la existencia de un diverso documento al exhibido por los actores con la demanda, porque darle valor es violentar el principio de la garantía de audiencia, porque incorpora un nuevo documento a la litis. Que en dicha acta se asentó un nombre diverso al de su representada, por lo que se violentan en su contra también los artículos 1292 y 1293 del Código de Comercio, razón por la cual asegura el recurrente, debe desestimarse dicha probanza. 
El agravio resulta infundado, en lo que respecta al contenido del punto número 2 del agravio en estudio, porque de la sentencia combatida se pone de manifiesto que la juez de origen valoró correctamente las documentales públicas y privadas que refiere el apelante, ya que se estima por la alzada que, concatenando su contenido y tal como lo estableció la A-quo en su fallo, con ellas quedó demostrada la celebración de la Asamblea General Ordinaria de veintisiete de abril de dos mil quince, a las dieciocho horas. 
De igual manera, analizando esta alzada el Considerando IV del fallo, se advierte que la juez de origen sí tomó en cuenta las objeciones opuestas, mismas que analizó y desechó legalmente. 
Así es, porque en lo relativo a la primer documental pública que menciona el apelante, consistente en el Acta de Hechos levantada por el Corredor Público Licenciado Omar Cayam Valenzuela Escalante, la juez de origen fue clara al señalar que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, en ningún momento se le dio la calidad de superveniente como lo quiere hacer creer el apelante. 
Por lo que hace a la objeción a los Medios Preparatorios a Juicio exhibidos por los actores, se estima que fue correctamente desechada por la A-quo, ya que resulta desacertada la apreciación del objetante, al señalar que fue incorrectamente valorada. 
Así es, porque se reitera, no puede restársele valor a una documental pública si no se demuestra su falsedad, máxime que su contenido se encuentra adminiculado con los hechos de la demanda. 
Lo anterior, porque fue correctamente valorada conforme a lo dispuesto por los artículos 1292, 1293 y 1294 del Código de Comercio, porque, tratándose de documentales públicas consistentes en actuaciones judiciales, fue certificada por quien tenía facultades legales para hacerlo y si los Medios Preparatorios a que se refiere, se promovieron en contra de [JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO y JESÚS MADRID CEPEDA], no por ello dejan de tener eficacia en el juicio de origen, ya que como lo asentó la juez natural, dichas personas fueron quienes expidieron la convocatoria para la Asamblea de Accionistas, en su carácter de Presidente y Secretario del Consejo Directivo de la citada persona moral y por ello, no pueden desconocer como personas físicas los hechos que conocieron como representantes legales de la persona moral demandada. 
Apoya la determinación que antecede, la jurisprudencia correspondiente a la Novena Época, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 682, que a la letra dice: 
“REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física”. 
Por lo que respecta a la nulidad del Acta de hechos levantada por el [Licenciado EUGENIO FERNANDO GARCÍA RUSSEK], en su carácter de Notario Público Número [Veinticuatro] en ejercicio para este Distrito Judicial Morelos, se estima por la alzada que fue también correctamente valorada por la juez de origen, resultando también apegada a derecho el desechamiento de la objeción, puesto que dicha documental, fue emitida por una persona con fe pública y se comprobó su registro en el Libro de Actas fuera del Protocolo, por lo que se creo convicción en la juzgadora de la certeza de su contenido, el cual se encuentra adminiculado con los hechos narrados por los actores en la demanda y las demás pruebas desahogadas en el sumario, no obra prueba alguna en contrario ni se violentó derecho alguno del recurrente y se le hizo saber a la contraria oportunamente la fecha y hora en que se desahogaría la Inspección Judicial para su cotejo. 
Por ello, si los argumentos en los que se hizo consistir la objeción no son suficientes para restar valor y alcance a la referida documental pública, fue correcto su desechamiento, porque para restarle valor sería indispensable demostrar mediante pruebas suficientes su falsedad o que haya sido suscrita por persona distinta, que los sellos que contiene no son auténticos o, incluso, que el papel utilizado para su elaboración, no lo es, etcétera, pues solamente en esos casos podría restársele valor a la documental de referencia. 
Respalda el anterior criterio, la jurisprudencia pronunciada en la Novena Época, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, página 802, que a la letra dice: 
“DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO BASTA PARA RESTARLES EFICACIA PROBATORIA PORQUE CORRESPONDE AL JUZGADOR DETERMINAR SU IDONEIDAD. Es al órgano jurisdiccional al que corresponde determinar en última instancia la eficacia probatoria de una prueba documental objetada, atendiendo a su contenido o a los requisitos que la ley prevenga para su configuración; por lo que no son las partes las que a través de la objeción, puedan fijar el valor probatorio, por ende, basta que se haya objetado la prueba correspondiente para que el juzgador deba realizar un cuidadoso examen, a fin de establecer si es idónea o no para demostrar un determinado hecho o la finalidad que con ella se persigue, o si reúne o no los requisitos legales para su eficacia, lo cual debe hacer en uso de su arbitrio judicial, pero expresando la razón que justifique la conclusión que adopte”.
De igual manera, se estima que fue correcta la valoración que hizo la A-quo de la documental pública que contiene el acta levantada por el Notario Público Número Veinticuatro en ejercicio para este Distrito Morelos, ya que los demás motivos por los que la demandada reconvino su nulidad, no son suficientes para decretarla, porque de ellos no se desprende que el actor por esta vía, haya sufrido alguna afectación en su esfera jurídica. 
En efecto, de los argumentos en los que el apelante hizo valer su objeción se desprende que demandó por la vía de la reconvención la nulidad de tal acta, porque el Notario no hizo saber los alcances jurídicos al actor MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN ni hizo constar la profesión que éste ostenta. 
Luego, agrega que la A-quo invocó el artículo 87 fracción VIII de la Ley del Notariado, siendo que el apelante nunca se refirió a él en la reconvención. Que le agravia que tal acta no obra inscrita en el Registro de Actos fuera de Protocolo ya que en la documental que exhibieron los actores, obra una fecha distinta a la que se señaló en la inspección judicial, por lo que la juez del conocimiento debió restarle valor y declarar procedente la objeción; todo ello, como se anticipó, sin demostrar que dicha acta le cause algún perjuicio a su representada, por lo que fue correcto como lo hizo la A-quo, declarar no probada la acción reconvencional. 
Respalda la determinación que antecede, la tesis correspondiente a la Novena Época, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXII, Octubre de 2010, página 3125, que a la letra dice: 
“NULIDAD. ACTO JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PEDIRLA. De acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal, se tiene que en diversos supuestos, la nulidad se puede pedir "por todo interesado", que debe entenderse como todo aquel que pueda resultar afectado con el acto de que se trate o bien aquel que resulte beneficiado con la nulidad del mismo, lo que supone que no "todo interesado" de manera general, tiene acción para pedir la nulidad de un acto, sino sólo quien tenga un interés directo con ello, pues la acción de tutela del orden público general, no existe, toda vez que se requiere de una afectación o beneficio particular para obtener la tutela del orden jurídico; es decir, la aludida tutela no es genérica”. 
Además, si con la inspección judicial se corroboró la inscripción del acta de hechos en el Libro de Actas fuera de Protocolo de la Notaría Pública y no se demostró su falsedad, la juez de origen actuó apegada a derecho, puesto que los argumentos en los que hace consistir su agravio el apelante, tales como que el notario no se identificó, que no preguntó quién quería firmar el acta, etc., no son suficientes para decretar la nulidad solicitada por la vía de la reconvención, porque con ellos tal como se anticipó, tampoco quedó acreditado el interés jurídico de los actores por esa vía, lo que resultaría un requisito indispensable para demandar la nulidad del acta notarial a que se ha hecho referencia. 
En las relatadas circunstancias, se reitera, la juez del conocimiento actuó apegada a derecho al otorgarle valor probatorio pleno a la referida documental pública y desechar la objeción planteada por la persona moral demandada. 
De lo anterior se deriva también, lo infundado de las aseveraciones del inconforme, al señalar que con la anterior determinación, la juez del conocimiento violentó en su perjuicio los artículos 1292 y 1293 del Código de Comercio que invoca en el sexto agravio. 
Respalda la determinación que antecede, la jurisprudencia correspondiente a la Novena Época, aprobada en Contradicción de Tesis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 828, bajo el rubro y texto siguientes: 
“NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Si bien el citado precepto establece que todo interesado se puede prevaler de la nulidad absoluta y que ésta se actualiza como la sanción máxima que el legislador impone a los actos jurídicos imperfectos, debe interpretarse que dicha facultad le corresponde a aquel que tenga interés jurídico para demandar la nulidad absoluta de un acto y no sólo por las partes intervinientes en él. Ello en atención a que la nulidad absoluta se actualiza cuando la trascendencia del vicio que la provoca es de tal entidad que afecta el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden público. En consecuencia, si la nulidad absoluta puede ser solicitada ante autoridad judicial únicamente por persona que cuente con interés jurídico, luego entonces, cualquier interesado se puede prevaler de ella hasta la declaratoria judicial en términos del artículo en comento, pues prevaler significa "valerse o servirse de una cosa". Así, al sustituir el vocablo de referencia por su significado, debe entenderse que el precepto legal en cita dispone que de los efectos de la nulidad absoluta puede valerse o servirse todo interesado, una vez decretada por autoridad judicial. Contradicción de tesis 379/2010. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado y el Séptimo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rocío Balderas Fernández”. 
De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que tal como se anticipó, fue correcto el desechamiento de la objeción, porque adminiculando las pruebas reseñadas, queda probado que la Asamblea desahogada a las dieciocho horas del veintisiete de abril de dos mil quince, se realizó en contravención de lo dispuesto por los artículos 186 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto es, porque la Segunda Convocatoria no se publicó reuniendo los requisitos exigidos para ello, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto es, mediante un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión, haciendo del conocimiento de los accionistas, que en las oficinas de la sociedad, estaba a su disposición el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 ni se publicó expresando en ella las circunstancias por las que no se pudo llevar a cabo la Asamblea en la primer Convocatoria.
El séptimo agravio es fundado por una parte e inoperante por otra. 
Es fundado, porque asiste la razón al impetrante al señalar que la juez de origen equivocadamente determinó en el Considerando IV del fallo, que con las pruebas desahogadas quedaron corroborados los dos primeros elementos constitutivos de la acción, siendo ésos 1) La calidad de socios y 2) La existencia de la Convocatoria a la Asamblea de la que se pretende obtener la declaración de nulidad. 
Lo anterior, porque refiere que en el juicio quedó demostrado que [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN] sí estuvo presente al momento del desahogo de la Asamblea y por ello, es claro que sí tuvo conocimiento de su celebración y de los acuerdos que se tomaron ahí; y por ello, su comparecencia a la Asamblea convalida cualquier defecto, por lo que el razonamiento de la juez natural, resulta improcedente. 
Es correcta tal apreciación, porque tal como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la tesis que transcribe el apelante, el hecho de que el actor que pretende la nulidad de una Convocatoria para la celebración de una Asamblea de la Sociedad a la que dice pertenecer, comparezca a la misma a alegar lo que a su interés conviene, pone de manifiesto que dicha convocatoria, bien o mal emitida, cumplió con su cometido, en lo que respecta a ese socio, como es el de hacerle saber el día y hora señalados para que se llevara a cabo la citada asamblea. 
En ese orden de ideas, es claro que pese a que la Convocatoria no fue emitida conforme a lo dispuesto en el Estatuto Décimo Quinto de la Escritura Constitutiva de la Sociedad Mercantil demandada, ni reuniendo los requisitos legales para su emisión, conforme a lo establecido en los artículos 185 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, resulta indubitable que la convocatoria mencionada no causó agravio alguno a [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN]. 
Así es, porque del acta que contiene la fe de hechos levantada por el [Licenciado Eugenio Fernando García Russek], en su carácter de Notario Público Número [Veinticuatro] en ejercicio para esta Ciudad de Chihuahua, Chih., se desprende que el fedatario hizo constar que siendo las dieciocho horas del día veintisiete de abril de dos mil quince, en compañía de [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN], quien solicitó sus servicios notariales, estuvo presente para la celebración de una Asamblea General de Accionistas de la persona moral [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD] ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en uno de sus salones de su domicilio ubicado en la [Calle California número 5314 (cinco mil trescientos catorce], de esta ciudad. 
Ante ese contexto, siendo el perjuicio un requisito indispensable para obtener una declaración de nulidad, es claro que no cuenta con interés jurídico ni legitimación para obtenerla, porque supo de la celebración de la Asamblea y pudo estar presente para defender sus derechos, por lo que es claro que no sufrió afectación alguna en su esfera jurídica derivada de los vicios de la convocatoria. 
Respalda la antelada determinación, la tesis pronunciada en la Novena Época, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Tesis: I.3o.C.854 C, página 3125, que textualmente dice: 
“NULIDAD. ACTO JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PEDIRLA. De acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal, se tiene que en diversos supuestos, la nulidad se puede pedir "por todo interesado", que debe entenderse como todo aquel que pueda resultar afectado con el acto de que se trate o bien aquel que resulte beneficiado con la nulidad del mismo, lo que supone que no "todo interesado" de manera general, tiene acción para pedir la nulidad de un acto, sino sólo quien tenga un interés directo con ello, pues la acción de tutela del orden público general, no existe, toda vez que se requiere de una afectación o beneficio particular para obtener la tutela del orden jurídico; es decir, la aludida tutela no es genérica”. 
Por otra parte, es infundado lo referente a la admisión válida en materia mercantil de los usos o costumbres; ya que como también lo estableció en el Considerando IV, en el juicio de origen no resultan aplicables, porque el caso concreto ya está regulado. 
En apoyo a la citada determinación, se cita la tesis pronunciada en la Novena Época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2267, con el rubro y texto siguientes: 
“USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES. VALIDEZ DE SU EMPLEO EN LA INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS MERCANTILES. En el Código de Comercio no existe un conjunto de bases para proceder a la interpretación de los contratos mercantiles, ni tampoco alguna normativa al respecto en alguna otra ley mercantil, por lo menos de aplicación general para todos los contratos mercantiles. En cambio, en el Código Civil Federal sí existe un conjunto de reglas para la interpretación de los contratos, y por extensión a todos los actos jurídicos. Dentro de este conjunto, el artículo 1856 de dicho ordenamiento general, dispone expresamente que el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, por lo cual cabe la posibilidad de invocar la costumbre y las prácticas mercantiles, porque por disposición expresa y directa del artículo 2o. del Código de Comercio, a falta de previsiones en la legislación mercantil es aplicable la preceptiva del Código Civil Federal”.
El octavo agravio es infundado, porque el apelante reitera que le agravia el desechamiento que hizo la A-quo de las excepciones de Prescripción y Falta de Acción y Derecho, haciéndola consistir en que si los actores no cumplieron con el requisito establecido por el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consistente en que la demanda se presente dentro de los siguientes quince días a la clausura de la Asamblea, la acción debió declararse improcedente y la sentencia debe revocarse. 
Son incorrectas las anteriores aseveraciones, porque tal como lo estableció la A-quo en su fallo, en el juicio de origen se entabló la demanda en ejercicio de la Acción de Nulidad y no de Oposición ya que el término de quince días para la interposición de la demanda, no es un requisito indispensable para la procedencia de la acción cuando se demanda la Nulidad. 
Así pues, se estima que resulta apegada a derecho la determinación tomada por la A-quo en la sentencia, de declarar improcedentes las excepciones que se hicieron consistir en la omisión de cumplir con los requisitos exigidos por multicitado artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Semejante criterio se ha sostenido en la jurisprudencia pronunciada en la Décima Época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar la Contradicción de Tesis 293/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2292, bajo el rubro y texto siguientes: 
“SOCIEDADES MERCANTILES. EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, DEBE ANALIZARSE POR EL JUZGADOR AL DICTAR SENTENCIA, AUN DE OFICIO, POR SER UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA SU PROCEDENCIA. El citado precepto establece que la demanda de la acción de oposición judicial a las resoluciones de las asambleas generales debe presentarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de su clausura. Ahora, si bien lo referente al plazo de las acciones se ha considerado como una excepción propiamente dicha, la cual sólo debe analizarse si se hace valer por la demandada, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que tal circunstancia, al ser una condición necesaria para la procedencia del ejercicio de las acciones, éstas deben hacerse valer dentro de los plazos señalados por la ley, pues de lo contrario se produciría su prescripción. Por tanto, el juzgador debe analizar el plazo para el ejercicio de la acción de oposición prevista en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles al dictar sentencia, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para su procedencia. Contradicción de tesis 293/2010. Entre las sustentadas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 30 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 112/2011”.
El noveno agravio es fundado, porque el apelante reitera las manifestaciones que hizo en el primer agravio, consistentes en que la sentencia es incongruente, porque la A-quo condenó a CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a la restitución en el goce de los derechos de los actores, para disfrutar de las instalaciones y de los servicios que tienen como socios, siendo que en el Considerando II declaró improcedente la vía en lo referente a esa prestación, motivo por el que, a fin de evitar repeticiones superfluas, nos remitimos a lo asentado al declarar fundado el primer agravio, en relación a la condena al pago de la segunda prestación reclamada por los actores. 
Resulta fundado también lo argumentado en el último párrafo del agravio en estudio, en el que el apelante reitera que la juez de origen no debió hacer la declaración de nulidad solicitada, ni la nulidad de los acuerdos referidos en cada uno de los incisos del Considerando III, porque los actores no probaron su legitimación, por lo que la sentencia debe ser revocada y toda vez que la legitimación de los actores ya quedó debidamente analizada al resolver el Agravio quinto de esta resolución en el que se estableció que los actores carecen de legitimación activa, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias, nos remitimos a lo asentado ahí para declarar fundado el agravio en estudio.
III.- Con base en las anteriores consideraciones, al resultar infundados los agravios segundo, tercero y cuarto y fundados y suficientes para revocar la sentencia combatida, los agravios primero, quinto, sexto, séptimo y noveno, procede revocar la sentencia combatida, a fin de declarar insubsistente el fallo recurrido y reasumiendo jurisdicción, pronunciar una nueva, en la que se subsanen las irregularidades cometidas en perjuicio del apelante; para lo cual, conviene establecer los siguientes: 
ANTECEDENTES: 
1. Ante el juzgado del conocimiento, comparecieron MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA demandando en la Vía Ordinaria Mercantil, a la moral CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V., JESUS MANUEL SANTANA MALDONADO, JESÚS MADRID CEPEDA y MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ, las siguientes prestaciones: 
“1.- De la totalidad de los demandados reclamamos la nulidad de la asamblea Ordinaria de accionistas del Club Social y Deportivo de Chihuahua S.A. de C.V. celebrada el día 27 de Abril de 2015, en el domicilio social de esa persona moral.
2.- De la totalidad de los demandados, también demandamos la restitución en el goce de los derechos que como socios del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V, tenemos los suscritos MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN Y CARLOS DELGADO RIVERA para disfrutar de las instalaciones propiedad de dicha persona moral y de los servicios que dicha persona moral otorga a sus socios.
3.- En vía de consecuencia de la nulidad de la asamblea de accionistas del Club Social y Deportivo de Chihuahua S.A. de C.V. celebrada a las 18:00 horas del día 27 de Abril de 2015 demandamos la nulidad de: a) La aprobación del informe del estado de actividades del Consejo de Administración de la sociedad Club Social y Deportivo de Chihuahua S.A. de C.V. respecto del año 2014. b) La aprobación del estado financiero de la sociedad Club Social y Deportivo de Chihuahua S.A. de C.V. respecto del año 2014. c) La aprobación del informe del comisario de la sociedad Club Social y Deportivo de Chihuahua S.A. de C.V. d) La elección, el Sr. JESUS MADRID CEPEDA MARCO LANDEROS, JESUS MANUEL SANTANA MALDONADO como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Consejo de Administración para el periodo 2015-2018, del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. y de los restantes miembros de la planilla “Familia Britania” que quedaron como consejeros de ese Consejo de administración. e) La designación por parte de ese H. Tribunal de un administrador provisional de la sociedad CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. quién deberá ejercer su cargo desde el momento en que se elija nuevo consejo directivo de dicha sociedad. f) La celebración de una asamblea general ordinaria de accionistas, convocada por el administrador provisional que designe ese H. Tribunal, para el efecto de recibir y aprobar en su caso, los informes del estado financiero de la sociedad CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. para el año 2014 y posteriores emitidos por el consejo de administración, así como los informes de los comisarios respecto a sus funciones en el año 2014 y posteriores, la celebración de un proceso para elegir al nuevo Consejo de administración de la sociedad CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. para el periodo de tres años que marcan los estatutos de la sociedad. g) La nulidad de todos los actos y asambleas que celebre el actual Consejo de Administración de la moral demandada y las ordinarias y extraordinarias de accionistas a las que convoque, desde la fecha que se dé cumplimiento la sentencia que resuelva esta controversia y con efectos retroactivos hasta la celebración de la asamblea general ordinaria de accionistas de 27 de Abril de 2015.” 
Basando su reclamación en los hechos que narran en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos a fin de evitar repeticiones superfluas. 
2.- Seguido el juicio en sus trámites procesales, el día seis de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juzgado del conocimiento. 
3.- Inconforme la sociedad demandada con la sentencia dictada en el juzgado del conocimiento, la impugnó, turnándose el expediente a esta Sala, en la que se revocó el fallo; motivo por el que, al no existir reenvío en esta materia, se procede al estudio de la litis. 
El artículo 1394 del Código de Comercio, establece que el actor debe probar su acción y los demandados, sus excepciones. 
Ahora bien, de las prestaciones reclamadas se desprende que los actores comparecen a demandar la nulidad de la Asamblea General Ordinaria celebrada a las dieciséis horas del día veintisiete de abril de dos mil quince, señalando en esencia, que la Convocatoria para dicha Asamblea, no reúne los requisitos necesarios para su emisión, por lo que solicitan también la nulidad de los Acuerdos tomados en dicha Asamblea y como consecuencia, la nulidad de todos los acuerdos tomados por el Consejo de Administración desde esa fecha y además, que se les restituya en el goce de sus derechos como socios del Club Social y Deportivo demandado. 
Ante ese contexto, cabe destacar que respecto de la prestación marcada con el número 2, consistente en la restitución en el goce de los derechos que como socios dicen tener los actores, para gozar y disfrutar de las instalaciones del Club Deportivo demandado, los actores no demostraron contar con legitimación activa para tal efecto. 
Lo anterior, porque haciendo un análisis de los estatutos pactados en la escritura constitutiva de la sociedad demandada que obra en el sumario, se desprende que, específicamente en el Noveno se asentó textualmente: “La calidad de accionistas no da el derecho al acceso y uso de las instalaciones del Club; para gozar de estos derechos será necesario que el accionista además tenga la categoría de miembro del Club, la que se adquirirá al firmar con el Administrador Único o con el Consejo de Administración un Contrato de Membresía”. 
Infiriéndose de lo transcrito que, los accionistas requieren también la categoría de miembros para poder disfrutar de las instalaciones propiedad de la moral demandada, categoría que es resultado de la firma de un diverso contrato de compraventa de dicha membresía, el cual no fue exhibido por los actores como documento fundatorio de la acción. 
Ante ese contexto, si se omitió exhibir el documento demostrativo de los derechos que reclaman, no se sustentó su reclamación y los demandados no estuvieron en posibilidad de defenderse, por lo que este tribunal no está en posibilidad de desentrañar los derechos que de ahí se derivan, ya que estimar lo contrario, implicaría romper el principio de litis cerrada que rige la materia mercantil y consecuentemente, deberá declararse que los actores no acreditaron contar con legitimación activa respecto de la prestación número 2. 
En apoyo a la anterior determinación, se cita la tesis pronunciada en la Novena Época, por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 1089, que a la letra dice: 
“DOCUMENTO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN EN LOS JUICIOS MERCANTILES. ES INDISPENSABLE ACOMPAÑARLO A LA DEMANDA. Si bien es cierto que ninguna disposición del Código de Comercio vigente establece la obligación del actor de adjuntar a su ocurso de demanda el documento fundatorio de la acción, tal circunstancia no implica que el demandante no deba cumplir con dicha carga procesal. En efecto, como es sabido, el título legal fundatorio de la acción es el documento público o privado que, según la ley, constituye la formalidad o, en su caso, la solemnidad del acto jurídico generador del derecho materia del juicio; esto significa que el demandado no podría preparar debidamente su defensa, si se considerase que, en materia mercantil, la parte actora no está obligada a adjuntar a su ocurso inicial el título en el que conste el derecho generador de su acción. En este sentido, es inconcuso que la laguna contenida en dicho cuerpo de leyes debe colmarse, con apoyo en el artículo 1054 del propio ordenamiento, aplicando supletoriamente el artículo 230 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, conforme al cual, con la demanda, deben acompañarse el o los documentos fundatorios de la acción”.
En cuanto a las demás prestaciones reclamadas, identificadas con los números 1 y 3, cabe destacar que del escrito de demanda se infiere que los actores demandan la Nulidad de la Asamblea y de los acuerdos ahí tomados, señalando que la Convocatoria para su celebración contraviene diversos preceptos de orden público. 
Ante ese contexto, para la procedencia de la acción de nulidad, los actores deberán acreditar los siguientes elementos: 
1) Su calidad de socios de la persona moral demandada. 
2) La celebración de la Asamblea que pretenden se declare nula y, 
3) Que la Convocatoria a dicha asamblea infrinja preceptos legales de orden público. 
En apoyo a la anterior determinación, se cita la tesis correspondiente a la Novena Época, pronunciada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2775, bajo el rubro y texto siguientes:
“NULIDAD, ACCIÓN DE, ES IMPROCEDENTE CONTRA LA EMISIÓN DE UNA CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. No hay acción para demandar de manera independiente y por su sola emisión la nulidad de una convocatoria a asamblea de accionistas de una sociedad anónima, pues ante la infracción de las reglas relativas a la publicación y formalidades de dicha convocatoria, las resoluciones tomadas en la asamblea podrán resultar nulas, salvo que al momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones, lo que implica que esta salvedad haga evidente que será hasta la celebración de la asamblea donde, de no existir la representación de la totalidad de las acciones, podrá generarse la acción de nulidad, de existir los defectos que se le atribuyen, a la convocatoria, lo cual sólo puede apreciarse hasta la celebración de la asamblea, pues así se desprende de una interpretación sistemática de los artículos 186 y 187 en relación con el 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles”.
A ese respecto, los artículos 186 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establecen: 
“ARTICULO 186.- La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172”. 
“ARTICULO 191.- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, cualquiera que sea el número de acciones representadas.
Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social”. 
Ahora bien, en relación al primero de los elementos constitutivos reseñados, esto es, “la calidad de socios de la demandada de los actores”, éste no quedó probado. 
Se estima así, porque el actor [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN], compareció a juicio exhibiendo una copia certificada por el Licenciado [Sergio David Holguín Márquez], en su carácter de Secretario de Acuerdos del Juzgado [Sexto] de lo Civil de este Distrito Judicial Morelos, deducidas de los Medios Preparatorios a Juicio número 19/16 promovido por [MIGUEL ENRIQUEZ HOLGUÍN] en contra de {JESÚS MADRID CEPEDA], en las que obra copia xerográfica de la copia certificada por el [Licenciado Fernando García Russek], con fecha seis de enero de dos mil dieciséis, visible en la foja 41, en la que el fedatario hizo constar que concuerda con el original que tuvo a la vista, del que se desprende que [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE], expidió a su favor, el Título de una acción que se identifica con el número 809 (Ochocientos nueve), de la Serie “B”, en el mes de septiembre de dos mil dos. 
Por su parte, el diverso actor [CARLOS DELGADO RIVERA], exhibió una copia certificada por el Licenciado [Armando Herrera Acosta], en su carácter de Notario Público Número [Doce], en ejercicio para este Distrito Judicial Morelos, con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, en la que hizo constar que tuvo a la vista su original y concuerda con el documento expedido por [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA], referente al Título 404 (Cuatrocientos cuatro), de la Serie “B” expedida por [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE], a favor de [OLGA LIBIA URTUZUÁSTEGUI GARCÍA], obrando el reverso del mencionado documento un endoso a favor de [CARLOS DELGADO RIVERA]. 
Las anteriores documentales públicas consistentes en las copias certificadas de los títulos que contienen las  acciones emitidas por la sociedad anónima demandada, son merecedores de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1237 del Código de Comercio, pero pese a su valoración, resultan insuficientes para acreditar la calidad de socios de los actores, y por ende, su legitimación activa para demandar la declaración judicial de Nulidad de la Asamblea solicitada, por las siguientes razones:   
Tanto la doctrina como el artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, consideran a la acción emitida por una Sociedad Mercantil, como título-valor o título de crédito, esto es, “un documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna”. 
De igual manera, el numeral 17 de la misma Ley, establece de manera clara y sin dejar lugar a dudas que: “El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna”. 
Por lo tanto, resulta indubitable que a las acciones de una Sociedad Mercantil, le son aplicables las disposiciones relativas a tales títulos en lo que sea compatible con su naturaleza y no esté expresamente modificado por la ley. 
Así mismo, el artículo 24 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone: "… Cuando por expresarlo el título mismo, o prevenirlo la ley que lo rige, el título deba ser inscrito en un registro del emisor, éste no estará obligado a reconocer como tenedor legítimo sino a quien figure como tal, a la vez en el documento y en el registro. Cuando sea necesario el registro, ningún acto u operación referente al crédito surtirá efectos contra el emisor, o contra los terceros, si no se inscribe en el registro y en el título”.
Por otra parte, el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece: “…Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley”.
Así mismo, el artículo 128 de la misma Ley General invocada, exige que las Sociedades Mercantiles lleven un registro de Socios, estableciéndose en el siguiente numeral (129), que: “la Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen”.
Deduciéndose de los numerales transcritos que, para acreditar la calidad de socio, los actores debieron exhibir los originales de sus acciones, para ejercitar el derecho literal que ahí se contiene y además, ofrecer el desahogo de pruebas conducentes a fin de demostrar que aparecen como titulares de sus acciones en el Registro de Socios de la Sociedad Mercantil demandada. 
Es así, porque para acreditar la legitimación activa de los actores, no basta con exhibir el título valor de sus acciones ante los tribunales judiciales, sino que, es necesario demostrar también que las acciones y en su caso, los endosos que de ellas se efectúen, obran inscritos en el Registro de Accionistas de la persona moral demandada, . 
Luego, si de la interpretación literal del artículo 1378 del Código de Comercio, que regula el procedimiento de los juicios Ordinarios Mercantiles como el que nos ocupa, se establece que: “En el escrito de demanda el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061…”; y este último numeral mencionado, en la fracción III establece: “…III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley”. 
De la interpretación conjunta de dichos numerales se deduce que, los actores no pueden acreditar su legitimación con una copia certificada de sus acciones, porque los títulos valor o títulos de crédito como lo son las acciones emitidas por una Sociedad Mercantil, no incorporan un puro derecho de crédito, porque su contenido es predominantemente corporativo, por lo que la doctrina clasifica a la acción como: “Documento privado, causal, de contenido corporativo, definitivo y emitido en serie”. 
Por tal motivo, desde el punto de vista de su circulación, son nominativas, lo que significa que deberán extenderse a favor de persona determinada y su transmisión no se perfecciona por el endoso del documento, sino que es necesario inscribirla en un registro que al efecto llevará la sociedad emisora. (Artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 
En ese orden de ideas, si las sociedades anónimas como la demandada en el asunto que nos ocupa, únicamente están obligadas a considerar como accionistas, a quien aparezca inscrito en el Registro de Socios a que se refiere el artículo 129 de la misma Ley, es indispensable también para demostrar la calidad de socio, que en el mencionado Registro de la Sociedad Mercantil, obre inscrita la transmisión de la propiedad que se hizo a favor de [CARLOS DELGADO RIVERA], mediante el endoso, para determinar si legalmente tiene o no legitimación para comparecer a juicio y deducir las acciones sociales que del citado título valor se deriven. 
Así es, porque [CARLOS DELGADO RIVERA] pretende acreditar su legitimación activa con una copia certificada por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto Civil de este Distrito Judicial Morelos, de la copia certificada por el [Licenciado Armando Herrera Acosta], en su carácter de Notario Público Número [Doce] en ejercicio para este Distrito Judicial Morelos, en la que este último fedatario hizo constar que tuvo a la vista el original del Título [404 (Cuatrocientos cuatro)], de la Serie “B” expedida por [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE], a favor de [OLGA LIBIA URTUZUÁSTEGUI GARCÍA]. 
En esas circunstancias, pese a que en tal documento obre un endoso favor de [CARLOS DELGADO RIVERA], no resulta suficiente para acreditar su calidad de socio, porque en los títulos valor como la acción, se reitera, su transmisión no se perfecciona por el endoso del documento, sino que es necesario inscribirla en un registro que al efecto lleva la sociedad emisora, conforme a lo exigido por el Artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Luego, si como se anticipó, las sociedades anónimas únicamente están obligadas a considerar como accionistas, a quienes aparezcan inscritos en el Registro de Socios es indispensable también para demostrar tal calidad, que en el mencionado Registro de la Sociedad Mercantil, obra inscrita la transmisión de la propiedad que se hizo por quien aparece como titular de la acción contenida en el título valor número 404 (cuatrocientos cuatro) antes descrito, a favor de [CARLOS DELGADO RIVERA], para determinar si éste legalmente tiene o no legitimación para comparecer a juicio y deducir las acciones sociales que del citado título valor se deriven. 
Resultando aplicable al anterior criterio, la tesis correspondiente a la Novena Época, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, página 1792, bajo el rubro y texto siguientes: 
“LEGITIMACIÓN ACTIVA. CARECE DE ELLA QUIEN COMPARECE A JUICIO CON ACCIONES NOMINATIVAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA ENDOSADAS EN SU FAVOR, SI TAL ENDOSO NO APARECE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS. Las acciones de una sociedad anónima se encuentran ligadas a la causa de su expedición, es decir, al contrato social del que surgen. Por tanto, la acción de la sociedad anónima es indudablemente un título causal que, como ningún otro de su especie, está subordinado a las estipulaciones del negocio social, razón por la cual, si del acta constitutiva de la conformación de una persona moral se advierte que la sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el libro de registro de accionistas que al efecto llevará la sociedad, en términos del artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y si una persona, ostentándose accionista de una sociedad anónima, comparece a juicio exhibiendo como documentos fundatorios de su acción títulos de acciones a nombre de terceros, que en el reverso aluden a una cesión de derechos en su favor, pero dicha cesión no aparece en el registro de acciones, es claro que tales documentos son ineptos para legitimarla en la causa, dado que al ser considerados títulos de crédito deben expedirse a favor de una persona física o moral, cuyo nombre deberá consignarse en el texto del documento, de conformidad con lo previsto por el artículo 23 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ello, porque el endoso, como medio de transmisión de la propiedad de acciones nominativas, es eficaz entre enajenante y adquirente, pero frente a la sociedad y frente a terceros, sólo será apto para legitimar a quien comparece si su nombre y adquisición constan en el libro respectivo”. 
Concluyéndose de lo hasta aquí expuesto que, [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA], no acreditaron su calidad de socios de la persona moral demandada por lo que tampoco quedó demostrada su legitimación activa en el juicio, en virtud de que no exhibieron el original de los títulos valor en los que constan las acciones emitidas por la Sociedad Mercantil, ni demostraron mediante las pruebas conducentes, que las acciones con las que pretenden acreditar su calidad de socio, se encuentran inscritas a su favor en el Registro de Socios de la persona moral demandada.   
Así es, porque el fedatario público que certificó las copias de los títulos de crédito o títulos valor que amparan las  acciones que exhibieron los actores junto con su escrito de demanda, sólo demuestran que tuvo a la vista los originales y que la copia coincide con su original; pero tales copias certificadas no son suficientes para obligar a la Sociedad Anónima emisora, a responder por las obligaciones que derivan de los títulos valor que amparan las acciones, por los motivos y fundamentos legales anteriormente expuestos.  
En apoyo a la anterior determinación, se cita la tesis pronunciada en la Séptima Época, por la entonces denominada Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Cuarta Parte, página 87, bajo el rubro y texto siguientes: 
“LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. PARA ACREDITARLA, LOS SOCIOS DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBEN EXHIBIR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. La copia certificada por notario del documento expedido por una institución bancaria en la que ésta hace constar que tiene en custodia las acciones de los actores, es ineficaz para acreditar ante la autoridad judicial su calidad de socios de la sociedad mercantil demandada, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima, estarán representadas por títulos nominativos que servirán precisamente para acreditar la calidad y los derechos de socio, y por tanto solamente con los originales de esos títulos se puede legalmente acreditar dicha calidad”.
Igualmente, respalda el antelado criterio, la tesis pronunciada en la Décima Época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1150, bajo el rubro y contenido siguientes: 
“SOCIEDADES MERCANTILES. PARA QUE EXISTA EFICACIA LEGITIMADORA ENTRE EL TITULAR DE LAS ACCIONES Y LA SOCIEDAD, DEBEN INSCRIBIRSE LAS TRANSMISIONES REALIZADAS EN EL LIBRO DE REGISTRO RESPECTIVO. El artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé que la sociedad considerará dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro relativo, y que aquélla deberá inscribir en éste, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. Ahora bien, los efectos creados con las transmisiones referidas no se surten con el simple tránsito de las acciones de una persona a otra, sino que deben inscribirse en el libro de registro de acciones para que se otorgue al adquirente la legitimación para ejercitar frente a la sociedad sus derechos como accionista y, a la vez, que aquélla también pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su calidad de socio; de ese modo, la adquisición de acciones no otorga al adquirente la legitimación aludida, sino que es sólo un requisito previo para inscribirse en el registro de acciones. Lo anterior es así, en virtud de que la inscripción de las transmisiones en el registro de acciones es la forma legalmente prevista de legitimación social del titular de las acciones nominativas y despliega la eficacia legitimadora a favor de la sociedad frente al inscrito”. 
En las relatadas circunstancias, si [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA], no exhibieron el original de los títulos valor en los que constan las acciones emitidas por la Sociedad Mercantil, ni demostraron mediante las pruebas conducentes, que las acciones con las que pretenden acreditar su calidad de socio, se encuentran inscritas a su favor en el Registro de Socios de la persona moral demandada, no acreditaron el primero de los requisitos indispensables para la procedencia de la acción porque no cuentan con legitimación activa para deducir los derechos derivados de las acciones de las que dicen ser titulares. 
En apoyo a la anterior determinación, se cita la tesis pronunciada en la Séptima Época, por la entonces denominada Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Cuarta Parte, página 87, bajo el rubro y texto siguientes: 
“LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. PARA ACREDITARLA, LOS SOCIOS DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBEN EXHIBIR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. La copia certificada por notario del documento expedido por una institución bancaria en la que ésta hace constar que tiene en custodia las acciones de los actores, es ineficaz para acreditar ante la autoridad judicial su calidad de socios de la sociedad mercantil demandada, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima, estarán representadas por títulos nominativos que servirán precisamente para acreditar la calidad y los derechos de socio, y por tanto solamente con los originales de esos títulos se puede legalmente acreditar dicha calidad”.
Igualmente, respalda el antelado criterio, la tesis pronunciada en la Décima Época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1150, bajo el rubro y contenido siguientes: 
“SOCIEDADES MERCANTILES. PARA QUE EXISTA EFICACIA LEGITIMADORA ENTRE EL TITULAR DE LAS ACCIONES Y LA SOCIEDAD, DEBEN INSCRIBIRSE LAS TRANSMISIONES REALIZADAS EN EL LIBRO DE REGISTRO RESPECTIVO. El artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé que la sociedad considerará dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro relativo, y que aquélla deberá inscribir en éste, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. Ahora bien, los efectos creados con las transmisiones referidas no se surten con el simple tránsito de las acciones de una persona a otra, sino que deben inscribirse en el libro de registro de acciones para que se otorgue al adquirente la legitimación para ejercitar frente a la sociedad sus derechos como accionista y, a la vez, que aquélla también pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su calidad de socio; de ese modo, la adquisición de acciones no otorga al adquirente la legitimación aludida, sino que es sólo un requisito previo para inscribirse en el registro de acciones. Lo anterior es así, en virtud de que la inscripción de las transmisiones en el registro de acciones es la forma legalmente prevista de legitimación social del titular de las acciones nominativas y despliega la eficacia legitimadora a favor de la sociedad frente al inscrito”. 
Así, al no haber acreditado el primero de los requisitos indispensables para la procedencia de la acción, lo anterior es suficiente para absolver a los demandados de las prestaciones reclamadas por [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA], en virtud de que la legitimación en la causa constituye una condición de la acción; sin embargo, atendiendo al principio de exhaustividad que debe imperar en las resoluciones judiciales, se procede a analizar los dos elementos restantes. 
Respalda la determinación que antecede, la tesis pronunciada en la Novena Época, por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 1777, que textualmente dice: 
“LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL. Los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso. Por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del fondo del asunto. Los presupuestos procesales deben distinguirse de las condiciones de la acción, ya que éstas son necesarias para que el actor obtenga una sentencia favorable. Entre los presupuestos procesales se encuentran la competencia, la procedencia de la vía, la personalidad y el litisconsorcio pasivo necesario. En cambio, entre las condiciones de la acción se encuentra la legitimación en la causa, que consiste en la calidad en virtud de la que una acción o derecho puede ser ejercido, por o contra una persona en nombre propio. Así, la legitimación en la causa puede ser vista desde dos ángulos: como la identidad de la persona del actor, con aquel a quien la ley concede la acción (legitimación activa), y como la identidad de la persona del demandado, con aquella contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). La legitimación en la causa constituye una condición de la acción porque únicamente en el supuesto de que se acredite la legitimación del actor y del demandado, tiene posibilidad de éxito la demanda, pues si falta en una o en otra parte, la demanda tiene que ser desestimada”.
En lo referente al segundo de los requisitos indispensables para la procedencia de la acción, consistente en “la celebración de la Asamblea de la que se solicita se declare nula”; éste sí quedó probado. 
Así es, porque los actores desahogaron para acreditarlo la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la fe de hechos levantada por el [Licenciado Eugenio F. García Russek], en su carácter de Notario Público Número [24] para este Distrito Judicial Morelos, la cual merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1292 del Código de Comercio, en virtud de que, pese a que fue objetada por la contraria, dicha objeción resulta improcedente. 
Así es, porque los demandados opusieron su objeción, “en cuanto a su validez y alcance”, haciéndola consistir en múltiples argumentos que atacan su forma, pero ninguno de ellos, tendiente a impugnar su falsedad o autenticidad; por tal motivo, la objeción resulta improcedente, puesto que tratándose de una documental pública, para restarle eficacia sería indispensable demostrar mediante pruebas idóneas que no es auténtica, cuestión que, como ya se señaló, en el caso sujeto a estudio no se realizó.
En apoyo a la antelada determinación, se cita la jurisprudencia pronunciada en la Novena Época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 1051, bajo el rubro y texto siguientes: 
“DOCUMENTOS PÚBLICOS. SON OBJETABLES EN EL JUICIO DE AMPARO AQUELLOS A LOS QUE ALUDE EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA VOZ: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD."). Los motivos que sustentan la contradicción de tesis 40/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que originó la jurisprudencia del rubro invocado, consistentes, esencialmente, en que el informe de la autoridad responsable sólo puede ser impugnado en cuanto a su continente y no a su contenido, no operan cuando se controvierte la autenticidad de una escritura pública, porque mientras que el informe justificado constituye la materia de fondo del juicio de garantías y, por ello, necesariamente será tomado en cuenta por el juzgador federal, quien analizará la totalidad de las manifestaciones vertidas en él, traducidas en la certeza o no de los actos reclamados, las que serán confrontadas con las constancias que al efecto se exhiban, además que el impetrante podrá desvirtuarlo durante la sustanciación del juicio de amparo; por el contrario, la segunda documental únicamente puede impugnarse ofreciendo y desahogando la prueba pericial correspondiente, puesto que no existe precepto legal que obligue al Juez de Distrito a averiguar oficiosamente la veracidad de lo que consta en ella, máxime si lo que se ataca es la falsedad de las rúbricas que la calzan. Además, la presunción de certeza, salvo prueba en contrario, de que gozan tales documentos públicos podría ser destruida, precisamente, a través de la objeción prevista por el dispositivo 153 de la Ley de Amparo, ante la circunstancia de que no se contempla otra etapa procesal ni medio de defensa alguno mediante el cual pudiera plantearse la ausencia de esa calidad. Sin que pase desapercibido que los resultados de la objeción únicamente producen efectos dentro del proceso constitucional y repercuten en que se conceda o niegue la protección federal, o bien, se sobresea en el juicio si la falsedad incide en la justificación de alguna causal de improcedencia (la que, precisamente, pretende desvirtuar la parte quejosa con la objeción de los documentos de donde dicha causal pudiera derivar), pero sin prejuzgar, de modo absoluto, sobre la validez del instrumento impugnado”. 
Ello es así además, porque haciendo consistir su objeción los demandados en que la documental está viciada de nulidad absoluta, tampoco demostraron contar con legitimación activa ni interés jurídico para oponerla, ya que si bien es cierto que la nulidad absoluta puede ser interpuesta por todo interesado, para ello es indispensable demostrar alguna afectación en la esfera jurídica y en la especie, tal situación tampoco quedó demostrada. 
En respaldo a la antelada determinación, se cita la jurisprudencia pronunciada en la Novena Época y aprobada en contradicción de tesis, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 828, que a la letra dice: 
“NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Si bien el citado precepto establece que todo interesado se puede prevaler de la nulidad absoluta y que ésta se actualiza como la sanción máxima que el legislador impone a los actos jurídicos imperfectos, debe interpretarse que dicha facultad le corresponde a aquel que tenga interés jurídico para demandar la nulidad absoluta de un acto y no sólo por las partes intervinientes en él. Ello en atención a que la nulidad absoluta se actualiza cuando la trascendencia del vicio que la provoca es de tal entidad que afecta el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden público. En consecuencia, si la nulidad absoluta puede ser solicitada ante autoridad judicial únicamente por persona que cuente con interés jurídico, luego entonces, cualquier interesado se puede prevaler de ella hasta la declaratoria judicial en términos del artículo en comento, pues prevaler significa "valerse o servirse de una cosa". Así, al sustituir el vocablo de referencia por su significado, debe entenderse que el precepto legal en cita dispone que de los efectos de la nulidad absoluta puede valerse o servirse todo interesado, una vez decretada por autoridad judicial. Contradicción de tesis 379/2010. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado y el Séptimo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rocío Balderas Fernández”. 
Ahora bien, si de la documental pública de referencia visible en la foja 30 del primer tomo del sumario, se desprende que el aludido Notario Público dio fe de la celebración de la Asamblea General de Accionistas del [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE], la cual se llevó a cabo en uno de los salones de su domicilio ubicado en la [Calle California número 5314 (cinco mil trescientos catorce)] de esta ciudad, siendo las dieciocho horas del veintisiete de abril de dos mil quince, en la que además se dio fe de que se tomaron los acuerdos que los actores solicitan se declaren nulos, lo anterior es suficiente para declarar que el segundo de los requisitos de la acción, sí quedó probado. 
Finalmente por lo que respecta al último de los requisitos reseñados, consistente en “que la Convocatoria para la asamblea infrinja algún precepto de orden público”, se estima que sí quedó probado. 
Ello, porque con la Copia certificada de los Medios preparatorios exhibidos por los actores junto con el escrito inicial de demanda, que contiene las actuaciones que obran en el Expediente radicado con el número 19/16 del índice del Juzgado Sexto Civil de este Distrito Judicial Morelos, se desprende que, habiendo sido [JESÚS MADRID CEPEDA y JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO], quienes firmaron la Convocatoria que en copia xerográfica de una fotografía, obra en la foja 40 del primer tomo del expediente principal, cuyo contenido quedó demostrado al ser omisos en presentar los documentos solicitados pese al requerimiento que se les formuló, consistente en tener por ciertos los hechos que narraron los actores en el escrito inicial, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1067 del Código de Comercio, tal como lo estableció la Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial Morelos, por auto de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, el cual se encuentra visible en la foja 71 del tomo I del principal. 
Las referidas actuaciones judiciales son merecedoras de pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1247 del Código de Comercio, pese a que fueron objetadas por los demandados, ya que habiendo atacado dicha documental en cuanto a su “alcance y valor probatorio”, no desahogaron pruebas suficientes para restarles eficacia, puesto que, tratándose de actuaciones judiciales exhibidas en copia certificada por quien legalmente le correspondía hacerlo, no impugnaron su autenticidad ni demostraron con pruebas idóneas, su ineficacia; además de que, conforme a lo establecido por el artículo 1293 del Código de Comercio, “…Los instrumentos públicos no se perjudican en cuanto a su validez, por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde”. 
Además, si los objetantes pretenden que se reste valor a la mencionada documental pública haciendo consistir su objeción en que el Notario no solicitó la firma de las personas que quisieran hacerlo, que no se identificó o que no explicó su contenido y que contiene vicios en términos de lo dispuesto por el artículo 97 fracciones V, VI, y VIII en relación al artículo 87 fracciones VI y X de la Ley del Notariado, esos argumentos no son suficientes para declarar su nulidad, puesto que los objetantes no demostraron afectación alguna en su esfera jurídica, lo que sería indispensable para restarle valor o decretar su nulidad. 
Respalda la anterior determinación, la tesis pronunciada en la Novena Época, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2689, bajo el rubro y texto siguientes: 
“DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio”. 
Así, con las pruebas mencionadas anteriormente, debidamente concatenadas, quedó demostrado que la Asamblea efectuada el día veintisiete de abril de dos mil quince, a las dieciocho horas, fue celebrada con base en la Primera Convocatoria que en copia certificada obra en la foja 40 del primer tomo del sumario, esto es, infringiendo lo dispuesto por los artículos 186 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, toda vez que para la celebración de la Asamblea no se emitió una segunda convocatoria con expresión de los motivos por los que no se celebró la primera, ni se publicó la convocatoria quince días antes de su celebración, conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y lo pactado en el estatuto Décimo Quinto, denominado “Convocatorias”, de la escritura constitutiva de la persona moral demandada, que se encuentra constante de la foja 149 a la 184 del Tomo I del sumario, la cual resulta merecedora de pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 1293 del Código de Comercio, en virtud de que fue certificada por el Corredor Público Número Dos, habilitado para la plaza del Estado de Chihuahua, Licenciado OMAR CAYAM VALENZUELA ESCALANTE. 
Por lo hasta aquí expuesto, debe declararse que los actores en el juicio principal, no acreditaron en su totalidad los elementos indispensables para la procedencia de la acción, ya que no acreditaron su calidad de socios para hacer valer sus derechos sociales. 
Pese a ello, se procede ahora en cumplimiento al principio de exhaustividad, a entrar al estudio de las excepciones opuestas. 
Los demandados [CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ, JESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO y JESÚS MADRID CEPEDA] opusieron como excepciones, la FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, haciéndola consistir en que los actores no cumplen con cada uno de los requisitos legales para ejercitar dicha acción, por no haber cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Excepción que resulta improcedente, porque en la especie no se ejercita la Acción de Oposición sino la de Nulidad de Asamblea, sustentada por los artículos 186 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, derivada de vicios en la emisión de la Convocatoria; en consecuencia, no existe obligación alguna a cargo de los actores de cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 201 de la mencionada Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que la excepción deviene improcedente. 
En apoyo a la determinación que antecede, se cita la jurisprudencia aprobada en Contradicción de Tesis, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 224, cuyo rubro y texto son los siguientes: 
“SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA LA DE NULIDAD. Contra las resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas proceden dos acciones: la de nulidad o la de oposición, y aunque ambas tienen la finalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto impugnado, son esencialmente distintas, pues en cuanto a su ejercicio y tramitación tienen fundamentos legales diferentes. En efecto, en términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la primera se ejerce cuando se estima que alguna resolución de la asamblea fue tomada con infracción de los artículos 186 y 187 de la citada Ley, esto es, se apoya en la ausencia de requisitos formales en las convocatorias, y su procedencia no se condiciona a que se haga el depósito de las acciones ante notario, dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea; mientras que la segunda únicamente tiene por objeto oponerse a la ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravención a los estatutos sociales o a la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su nulidad. En tal virtud, si las mencionadas acciones son distintas, es evidente que a la de nulidad no puede aplicarse por analogía o mayoría de razón la medida cautelar prevista por el artículo 202 de la Ley referida, consistente en la suspensión de los acuerdos pronunciados en una asamblea de accionistas en la que se incumplan los requisitos a que aluden los artículos 179, 188 y 189 de la señalada Ley, ya que la celebración de la asamblea de accionistas, por sí misma, produce sus efectos hasta en tanto no se declare su nulidad. En consecuencia, sólo en los casos de oposición a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas prevista en el artículo 201 de la Ley en comento puede suspenderse judicialmente su ejecución, en términos del artículo 202 de dicho ordenamiento, siempre que los actores otorguen fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad por la inejecución de tales resoluciones, en caso de que la sentencia declarare infundada la oposición. Contradicción de tesis 123/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de noviembre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López”.
En lo referente a la excepción de FALTA DE ACCIÓN y DERECHO, opuesta por los demandados CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, MARCO ANTONIO LANDERO DÍAZ, MESÚS MANUEL SANTANA MALDONADO y JESÚS MADRID CEPEDA, haciéndola consistir en que los actores no cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 205, consistentes en depositar los títulos de sus acciones ante fedatario público o en una Institución de Crédito y acompañar a la demanda el certificado correspondiente, también deviene improcedente, porque dicho numeral se refiere a las acciones establecidas en los artículos 185 y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y como se anticipó, la acción ejercitada por los actores en el juicio que nos ocupa, se refiere a lo dispuesto por los artículos 186 y 191 de la misma ley. 
Respalda la antelada determinación, la jurisprudencia aprobada en contradicción de tesis, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 11, que textualmente dice:  
“ACCIÓN DE OPOSICIÓN. LA EFICACIA DE LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 205 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DEBEN DEPOSITARSE PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA, NO DEBE ANALIZARSE EN EL AUTO DE INICIO. De conformidad con el artículo 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para el ejercicio de la acción de oposición prevista en el diverso numeral 201 de la ley citada, el actor debe acompañar a la demanda el certificado de depósito hecho ante notario o en institución de crédito, de los documentos que representen los títulos de las acciones que lo acreditan como socio de la sociedad mercantil contra cuyas resoluciones se opone, lo cual se traduce en un requisito de procedibilidad, sin el cumplimiento del cual la demanda no será admitida. En este orden de ideas, la obligación del actor de acreditar el carácter especial de accionista al momento de presentar la demanda con el certificado correspondiente que expida el notario o la institución de crédito, tiene como finalidad demostrar la legitimación de quien promueve, pues el socio es el único sujeto activo legitimado y con interés jurídico en obtener resolución. Por tanto, se puede establecer que si bien la legitimación de quien ejerce la acción de oposición es una cuestión que debe ser analizada por el juez del proceso al admitir la demanda, esa circunstancia no implica que el juzgador deba hacer un análisis para demostrar la eficacia de los títulos con los que el actor pretende acreditar su carácter de accionista, pues analizar la eficacia de tales documentos en ese momento procesal implicaría deducir anticipadamente su validez. Lo anterior, porque el depósito de los títulos de las acciones tiene como única finalidad hacer admisible la demanda y, al ser esto así, el estudio relacionado con su eficacia no debe realizarse en el auto de inicio, sino reservarse, en su caso, para la etapa procesal oportuna. Contradicción de tesis 146/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Noveno y Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro”. 
Finalmente, por lo que respecta a la excepción de IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, opuesta por la persona moral demandada, haciéndola consistir en que la prestación reclamada número 2, consistente en la restitución de los derechos para el acceso y uso de las instalaciones del club, tal reclamación no deriva de las acciones de los socios sino de un diverso Contrato de Membresía, y si tal Contrato no fue exhibido por los actores, éstos no tienen legitimación para reclamar los derechos que de ahí se derivan y no puede atenderse en este fallo, la procedencia o improcedencia de esta excepción. 
En apoyo a la antelada determinación, se cita la tesis pronunciada en la Octava Época, por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 650, bajo el rubro y texto siguientes: 
“LEGITIMACIÓN. TÍTULO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN, EXHIBICIÓN DEL, PARA ACREDITAR LA. Si la acción que se hace valer en un juicio deriva de un derecho generado por un acto jurídico que según la ley debe consignarse en un documento, es preciso que éste se exhiba con la propia demanda, por estimarse que es el título que legítima al demandante y sin el cual no podrá prosperar la acción por falta de legitimación”.
De lo hasta aquí expuesto se concluye que, al no haber acreditado los actores el primero de los requisitos indispensables para la procedencia de la acción de Nulidad, consistente en su calidad de socios, no demostraron contar con legitimación activa en la causa y debe absolverse a los demandados de las prestaciones reclamadas en el juicio principal. 
Ahora, por lo que respecta a la Acción de Nulidad, que los demandados oponen por la vía de la RECONVENCIÓN, haciéndola consistir esencialmente en que, el acta que contiene la fe de hechos levantada por el [Licenciado EUGENIO FERNANDO GARCÍA RUSSEK], el día veintisiete de abril de dos mil quince, a las dieciocho horas, contiene violaciones a la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, conforme a lo establecido por los artículos 97 fracciones V, VI y VIII de la Ley del Notariado en relación con el artículo 87 fracciones VI y X del mismo cuerpo normativo, señalando que: “…si su intervención era a título de fedatario público debió hacer efectivo el derecho de recabar firmas de las personas que quisieran hacerlo”; que el Notario fue omiso en señalar a los asistentes que estaba levantando una fe de hechos; que la fecha del documento exhibido y su registro en el Libro de Actos fuera de Protocolo no concuerdan; que la autorización no se hizo conforme al término legal; y por todo ello, no debe ser tomada en cuenta para la procedencia del juicio en lo principal y debe declararse nula conforme a lo solicitado por la reconvención; ofreciendo para acreditar su acción por esta vía, el Instrumento público que contiene la fe de hechos, que se encuentra visible en la foja 30 del primer tomo del principal, la cual fue descrita y valorada al hacer el estudio de los elementos constitutivos de la acción, en virtud de que fue exhibida por los actores junto con el escrito inicial de demanda. 
Ahora bien, a la referida documental se le otorgó pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 1293 del Código de Comercio, en virtud de que obra en un instrumento público. 
Luego, si la nulidad solicitada se hace consistir en  los vicios de forma que señalan los actores por esta vía, pero no acreditaron con pruebas idóneas que el acto jurídico que ahí se contiene, les ha causado algún perjuicio en su esfera jurídica, la acción de nulidad resulta improcedente. 
Es así, porque si bien es cierto que la nulidad genérica puede invocarse por cualquier interesado, la acción resulta improcedente si no se comprueba que se ha sufrido alguna afectación. 
Luego, si de las pruebas desahogadas por los actores en la reconvención, no se demostró que se encuentren en ese supuesto, no procede hacer la declaración de nulidad solicitada respecto del Acta de Hechos levantada por el Licenciado Eugenio García Russek, en su carácter de Notario Público Número 24 en ejercicio para este Distrito Judicial, levantada a las dieciocho horas del día veintisiete de abril de dos mil quince. 
Semejante criterio se ha sostenido en la Novena Época, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 3125, que a la letra dice:  
“NULIDAD. ACTO JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PEDIRLA. De acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal, se tiene que en diversos supuestos, la nulidad se puede pedir "por todo interesado", que debe entenderse como todo aquel que pueda resultar afectado con el acto de que se trate o bien aquel que resulte beneficiado con la nulidad del mismo, lo que supone que no "todo interesado" de manera general, tiene acción para pedir la nulidad de un acto, sino sólo quien tenga un interés directo con ello, pues la acción de tutela del orden público general, no existe, toda vez que se requiere de una afectación o beneficio particular para obtener la tutela del orden jurídico; es decir, la aludida tutela no es genérica”.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado uno de los requisitos indispensables para la procedencia de la acción de nulidad debe absolverse a los demandados de las prestaciones reclamadas por esta vía. 
Sin que proceda hacer condena en costas en Primera Instancia, al no encontrarse el presente asunto dentro de ninguna de las hipótesis establecidas por el artículo 1084 del Código de Comercio. 
Respalda la determinación que antecede, la tesis pronunciada en la Décima época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tesis: 1a. LXVI/2015 (10a.) 
Publicación viernes 20 de octubre de 2017 10:30 horas, que textualmente dice: 
“COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE PREVÉ SU CONDENA, NO ES APLICABLE A LOS JUICIOS ORDINARIOS (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 7/2004). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/2003-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 7/2004, de rubro: "COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA EN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA SU CONDENA ES IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL LOCAL.", estimó que el artículo 1084 del Código de Comercio, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, resulta aplicable para todo tipo de juicios mercantiles; de ahí que la hipótesis en que el actor en un juicio ordinario mercantil obtuvo sentencia contraria a sus intereses y no se condujo con temeridad o mala fe dentro de la secuela del proceso, se entiende comprendida en la fracción III del numeral citado, la cual contempla la procedencia de la condena en costas en primera instancia, por lo que, al estar regulada en forma completa y detallada la hipótesis específica, resulta improcedente la aplicación supletoria de la legislación procesal civil relativa que previera la condena en costas en juicios civiles. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a esta Primera Sala a apartarse del criterio plasmado en la tesis citada, pues lo definitivo es que antes y después de la reforma de 1996 la fracción III es idéntica y si bien es cierto que con motivo de las reformas se introdujo la fracción V al artículo 1084, la cual prevé que siempre será condenado en costas el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes, también lo es que ello no permite generar una interpretación extensiva en la que se incluyan tanto los juicios ordinarios, como los ejecutivos; lectura que es diferente al contenido literal de la norma que ha interpretado este Alto Tribunal, en el sentido de que la condena en costas prevista en el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, se encuentra dirigida exclusivamente a los juicios ejecutivos mercantiles. Amparo directo en revisión 1223/2014. Vitamédica, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Nota: Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación, y en virtud de que abandona el criterio sustentado en la diversa 1a./J. 7/2004, de rubro: "COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA EN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA SU CONDENA ES IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL LOCAL.", que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 303, este último dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015. La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 9/2003-PS citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 304. En atención a lo previsto en el considerando V, en relación con el resolutivo segundo de la sentencia que recayó a la solicitud de sustitución de jurisprudencia 3/2017, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1384, se publica nuevamente con la corrección del lapsus cálami que en ella aparece. Esta tesis se republicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación”. 
III.- Con base en las anteriores consideraciones y fundamentos de derecho, procede resolver la alzada mediante la revocación de la sentencia recurrida, a fin de dejarla sin efectos y reasumiendo jurisdicción, establecer que [MIGUEL ENRÍQUEZ HOLGUÍN y CARLOS DELGADO RIVERA], no demostraron contar con legitimación activa ni interés jurídico; en consecuencia, deberá absolverse a los demandados de las prestaciones reclamadas. En lo referente a la reconvención: no procede hacer la declaración de nulidad solicitada, porque los actores por esta vía no demostraron contar con legitimación activa ni interés jurídico para decretarla; por lo que se absuelve a los demandados de las prestaciones reclamadas por esta vía. 
Sin hacerse condena en costas en Primera Instancia ni en la alzada, por no encontrarse el presente asunto dentro de las hipótesis establecidas por el artículo 1084 del Código de Comercio. 
EN MÉRITO DE LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: 
P R I M E R O.- Se revoca la sentencia dictada el seis de julio de dos mil diecisiete, por la Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, para efectos de que sus puntos resolutivos queden como sigue:
“Primero.- Se ha tramitado la vía ordinaria Mercantil. Segundo.  Los actores en el juicio principal, no acreditaron contar con legitimación activa en el juicio; los demandados hicieron lo propio; en consecuencia: Tercero.- Se absuelve a los demandados de las prestaciones reclamadas en el juicio principal. Por lo que respecta a la reconvención: Cuarto.- Los actores por esta vía no acreditaron contar con legitimación activa; el Notario Público Eugenio García Russek, fue declarado en rebeldía, los diversos demandados por esta vía, hicieron lo propio; en consecuencia: Quinto. Se absuelve a los demandados de las prestaciones reclamadas en la reconvención. Sexto. No procede hacer condena en costas en Primera Instancia. NOTIFÍQUESE”. 
S E G U N D O.- No se hace condena en costas en la alzada. 
Envíese testimonio autorizado de la presente resolución al Juzgado del conocimiento y en su oportunidad, los autos originales, debiendo archivarse el presente Toca como concluido.
N O T I F I Q U E S E:
Así lo resolvió y firma, el LIC. JOSÉ HUMBERTO RODELO GARCÍA, Magistrado de la CUARTA SALA DE LO CIVIL del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en unión de la Secretaria de Acuerdos, la LIC. CINTIA BIBIANA PÉREZ GONZÁLEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.

PUBLICADO EN LA LISTA DEL DÍA TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, CON EL NÚMERO _________. CONSTE. 	

SURTE SUS EFECTOS EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DOCE HORAS. CONSTE.	
Clave: 21 II:veam